Un informe anual presentado por la Oficina de Comercio de Estados Unidos detalla los principales obstáculos que enfrenta el comercio bilateral con Ecuador. Entre las principales preocupaciones, Washington señala que el país sudamericano impone un arancel consolidado promedio del 21.9 %, mientras que los productos ecuatorianos ingresan a EE. UU. con un arancel promedio del 11.1 %.

Además de los aranceles, el informe destaca diversas barreras no arancelarias que dificultan el comercio. Entre ellas, las restricciones y prohibiciones de importación impuestas por el Comité de Comercio Exterior (COMEX), que incluyen exigencias de documentación, licencias de importación y cuotas limitadas. También menciona que el proceso de obtención de licencias de importación para alimentos y productos agrícolas es “lento y poco transparente”, y que la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) solicita información confidencial a las empresas que desean obtener estas autorizaciones.

Otra de las preocupaciones señaladas es la exigencia de traducción o modificación de marcas comerciales en el etiquetado de productos cosméticos y de cuidado personal, lo que, según EE. UU., representa una barrera técnica al comercio.

La contratación pública también aparece como un punto crítico. El informe la califica de “engorrosa y poco transparente”, con procesos marcados por la corrupción. Asimismo, cuestiona la eficacia de Ecuador en la protección de los derechos de propiedad intelectual, tanto en mercados físicos como en plataformas digitales, y critica la prohibición de publicidad de producción extranjera en medios de comunicación nacionales.

En el ámbito del comercio digital, se menciona la falta de claridad en la Ley de Protección de Datos y la obligación de que la contratación gubernamental de servicios en la nube se haga exclusivamente a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

El informe también identifica barreras a la inversión, como la ausencia de tratados bilaterales de inversión, el impuesto a la salida de divisas y los desafíos en la lucha contra la minería ilegal. Además, considera que los subsidios estatales al sector exportador y a los combustibles generan distorsiones en el mercado, afectando la competitividad de las empresas privadas.

Estos hallazgos son clave para futuras negociaciones comerciales entre ambos países y podrían influir en las políticas arancelarias de Estados Unidos hacia Ecuador.