En la sesión del Grupo Temático Parlamentario por los Derechos de las Mujeres se abordó la ausencia de justicia en casos de femicidio y violencia de género. Para ello, se recibió a representantes de Warmi Pichincha y Elizabeth Otavalo. Así como mujeres amazónicas, quienes expusieron sus denuncias y solicitaron respaldo para el segundo debate de la reforma a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que incluyan disposiciones para la erradicación de la violencia.

Acceso a la justicia y casos de violencia

Alexandra Moncada, de Warmi Pichincha, resaltó la falta de justicia en los procesos de violencia de género y solicitó la intervención de la comisión. Alexandra Jaramillo, también de Warmi Pichincha, detalló que esta organización ha brindado más de 90 mil atenciones legales y psicológicas. No obstante, identificaron falencias en el sistema judicial, como la falta de salas especializadas y personal en los cantones, lo que retrasa los procesos.

Margarita Caiminagua, de la Red de Mujeres Rurales del Chocó Andino, denunció el caso de “siete niñas vendidas” en 2021 y la falta de seguimiento por parte del sistema judicial. Además, alertó sobre la situación en el nororiente de Pichincha, donde los casos de violencia contra las mujeres son alarmantes en el sector rural.

Alexandra Benalcázar, del colectivo Lilas en Acción, señaló la demora en los procesos judiciales y la modificación de sentencias, lo que permite que los femicidas reciban penas menores. Indicó que, pese a las cinco mesas de trabajo con el Consejo de la Judicatura no han obtenido respuestas claras ni avances en la ejecución de audiencias presenciales.

Por su parte, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, denunció la inexistencia de un sistema de protección para las víctimas y sus familias. También expuso problemas económicos derivados de la falta de justicia, como la deuda con ISSPOL que ha recaído en su nieto menor de edad.

Intervención legislativa

Las legisladoras de la comisión coincidieron en la necesidad de fortalecer el sistema de justicia. Gissela Garzón denunció que los femicidas pueden presentar denuncias contra las madres de las víctimas, lo que entorpece los procesos. Pidió mayor atención en sectores rurales. Rina Cantó expuso cifras de violencia en la provincia de Los Ríos y solicitó la convocatoria de las juntas de protección de derechos, así como, organismos internacionales para tratar el problema.

Jahiren Noriega destacó que el problema no radica en la falta de leyes, sino en su aplicación deficiente, por lo que exigió fiscalización efectiva. Mientras que, Ana Herrera exigió seguimiento a la investigación del caso de María Belén Bernal y lamentó la inasistencia de autoridades a las sesiones.

Para finalizar, Miroslava Cando, madre de la subteniente María José Morillo, señaló las deficiencias de las leyes de reparación y denunció la falta de seguimiento en los procesos judiciales, que han cambiado de fiscal hasta en ocho ocasiones sin obtener respuestas.

Mujeres amazónicas exigen leyes contra la violencia

La sesión también contó con la participación de representantes de mujeres amazónicas, quienes solicitaron el respaldo para el segundo debate de la reforma a la Ley Orgánica Amazónica. Auxilio Vera, de la Red de Mujeres Amazónicas, solicitó incluir normativas para la erradicación de la violencia de género con garantía de derechos.

Por otro lado, Nancy Ajila, concejala de Lago Agrio, propuso que los GAD apoyen a las mujeres en la inclusión laboral y refuercen la seguridad ciudadana con enfoque de género. Rocío Rosero, consejera de la Red de Mujeres Amazónicas del Ecuador, criticó la debilidad institucional del Ministerio de la Mujer, además de la falta de redistribución de recursos para la creación de casas de acogida en la región.

Finalmente, Rosa Belén Mayorga, presidenta de la mesa legislativa, reafirmó el compromiso de trabajar en la fiscalización de estos casos y en la consolidación de una comisión permanente para el seguimiento de los temas de derechos de las mujeres.