Adjudicación del campo Sacha sigue vigente pese a declaraciones del Gobierno

Abr 3, 2025

A pesar de que el Gobierno Nacional anunció el cierre del proceso de adjudicación del campo Sacha, la concesión al consorcio Sinopetrol no ha sido derogada oficialmente. New Stratus Energy, empresa canadiense que posee el 40 % del consorcio, sigue adelante con la captación de inversionistas y ha lanzado una oferta de acciones en la Bolsa de Toronto.

New Stratus Energy informó el 31 de marzo que ha emitido 572 millones de recibos de suscripción con el objetivo de recaudar USD 120 millones hasta el 10 de abril. Este monto le permitiría completar los USD 600 millones que debe aportar al consorcio Sinopetrol, como parte de los USD 1 500 millones exigidos por el Gobierno para concretar la concesión.

Según la firma de análisis HFI Research, la petrolera Shell financiaría otros USD 480 millones del acuerdo.

Aunque el Gobierno declaró que el proceso quedó cerrado por el incumplimiento del pago inicial, ni el Ministerio de Energía ni el Ejecutivo han derogado la resolución del 28 de febrero que adjudicó el campo Sacha a Sinopetrol, compuesto también por la empresa china Amodaimi.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea ha denunciado que la concesión sigue en pie y ha llamado en tres ocasiones a las autoridades del sector energético sin obtener respuesta.

New Stratus Energy ha reconocido los riesgos del proyecto, que incluyen factores económicos y posibles cambios en las políticas gubernamentales. No obstante, la empresa sigue adelante con la colocación de acciones, lo que refuerza la percepción de que la adjudicación sigue vigente.

HFI Research sostiene que el contrato con Sinopetrol podría concretarse en caso de que el presidente Daniel Noboa sea reelegido el 13 de abril. Incluso, proyecta que la firma del acuerdo podría darse hasta el 16 de ese mes.

Mientras tanto, la incertidumbre sobre el estatus legal de la concesión genera preocupación en el ámbito político y en el sector energético. La falta de respuestas del Ejecutivo y las investigaciones en la Asamblea añaden más interrogantes a un proceso que sigue abierto.



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