La Corte Constitucional desafía al Ejecutivo: ¿una solución a la violencia o más complicaciones?

En un fallo que sigue generando controversia, la Corte Constitucional de Ecuador insistió en que el gobierno de Daniel Noboa debe cumplir con la creación de una comisión interinstitucional para coordinar acciones contra la violencia, en lugar de seguir recurrir a los estados de excepción. La Corte advirtió que el uso constante de esta medida extraordinaria ha dejado de ser una herramienta excepcional y se ha convertido en una estrategia habitual para abordar la inseguridad, sin generar resultados contundentes.

Diego Ordóñez, ex Secretario de Seguridad Pública, analizó el fallo en entrevista con Contacto Directo de Ecuavisa y cuestionó la decisión de la Corte, asegurando que, si bien la medida se centra en la necesidad de evitar el abuso de los estados de excepción, la propuesta de la Corte de crear una nueva comisión interinstitucional podría no ser eficaz.

Ordóñez destacó que la Corte parece no considerar el marco constitucional y legal existente para enfrentar el crimen organizado, señalando que, de acuerdo con la Ley de Seguridad Pública, ya existen instancias como el Consejo de Seguridad Pública del Estado (COSEP) que deberían encargarse de la coordinación y ejecución de políticas públicas en esta área. “Lo que propone la Corte es innecesario, ya existe un sistema diseñado para esto”, afirmó.

El ex funcionario también argumentó que la Corte se está excediendo en sus funciones al ordenar la creación de esta comisión, ya que la definición de políticas de seguridad le corresponde al Ejecutivo, no a la Corte ni a la Asamblea. A su juicio, el verdadero problema radica en la falta de un sistema nacional de inteligencia robusto y en la ineficacia de las políticas actuales para enfrentar al crimen organizado.

En cuanto a la implicación política de la resolución, Ordóñez consideró que la presencia de actores legislativos en esta comisión podría resultar en un “tratamiento superficial” de los problemas de seguridad, dada la falta de enfoque y de coordinación entre las distintas funciones del Estado. Además, cuestionó la capacidad de la Corte para gestionar el seguimiento de la implementación de políticas, señalando que la intervención judicial podría complicar aún más la situación.

El desafío, según Ordóñez, es claro: “Para combatir al crimen organizado, el Estado debe tener un sistema de inteligencia bien articulado que permita prevenir los delitos, no solo reaccionar con medidas reactivas como el uso de militares en las calles”. A su juicio, sin una inversión significativa en tecnología y recursos para el sistema de inteligencia, las reformas propuestas no lograrán los resultados esperados.