La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra la resolución de la Corte Nacional de Justicia que suprime el pago de la bonificación por desahucio a trabajadores que deciden retirarse voluntariamente.

Núñez argumenta que esta medida vulnera derechos laborales adquiridos e irrenunciables, establecidos en el Código del Trabajo, y solicita que se suspendan provisionalmente los efectos de la resolución mientras se analiza el caso.

La disposición, adoptada el 22 de enero de 2025, establece que los empleados que terminan su relación laboral por decisión propia no pueden acceder a esta compensación, contemplada en el artículo 184 del Código del Trabajo, al considerar que implicaría un doble beneficio. Sin embargo, la ministra advierte que la decisión desconoce principios jurídicos fundamentales y afecta tanto a trabajadores del sector privado como a servidores públicos que opten por la jubilación, pese a que la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) reconoce este derecho.

Además, Núñez señala que el retiro voluntario es un acuerdo entre las partes, conforme al artículo 169, numeral 2, del Código del Trabajo, y considera que la resolución de la Corte Nacional genera confusión al no delimitar con claridad su aplicación.

En su demanda, la ministra enfatiza que esta restricción representa un retroceso en los derechos laborales, contraviniendo los principios constitucionales de progresividad y no regresión. Por ello, insta a la Corte Constitucional a revocar la medida y restituir el beneficio para garantizar la protección de los trabajadores ecuatorianos.

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