La Fiscalía solicitó fecha y hora para vincular a un teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en la investigación por la desaparición y asesinato de los cuatro niños en Guayaquil. El oficial es señalado por su presunta participación en la alteración de evidencias, lo que ha llevado a extender la etapa de instrucción fiscal que debía culminar el 31 de marzo de 2025.

Durante la audiencia, se informó que aún están pendientes las pericias de audio y video, incluyendo el análisis de las cámaras de la Base de Taura, en Guayas, y las ubicadas en la avenida 25 de Julio, donde los menores fueron detenidos por militares. También se debe transcribir la reconstrucción de los hechos realizada el 16 de marzo.

El informe de la autopsia, revelado el pasado 28 de marzo, determinó que tres de los menores recibieron impactos de bala:

• Josué Arroyo (14)
• Ismael Arroyo (15)
• Nehemías Arboleda (15)

En el caso de Steven Medina (11), el estado del cuerpo no permitió identificar rastros de bala, pero sí golpes a nivel pulmonar y en la cabeza.

El abogado Fernando Bastias, del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), revisó el peritaje y aseguró que las lesiones fueron infligidas en vida. Aunque el informe inicial señala que no causaron mayor daño, la defensa argumenta que los menores fueron torturados.

Ante esto, el abogado solicitará una ampliación del informe de autopsia, ya que este aún no consta en el proceso judicial, sino en poder de la Fiscalía como parte de las pruebas de la instrucción fiscal.

Con estos nuevos elementos, la instrucción fiscal podría extenderse hasta 30 días más. Posteriormente, el juez evaluará las pruebas y decidirá si llama o no a juicio a los militares procesados.