Soy partidario de que en nuestro país vayamos lo más pronto posible a una Asamblea Constituyente porque se requieren algunos cambios importantísimos para mejorar la calidad intelectual y ética de quienes deben dirigir y cumplir funciones esenciales, así como disminuir gastos improductivos y recursos económicos que pueden ser utilizados en programas de salud, educación, desarrollo cultural, seguridad y generación de empleo e inversión social. El Presidente de la República, públicamente ha señalado que si es elegido en el próximo proceso electoral como Presidente, llamará a una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano resuelva la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar una nueva Constitución con las reformas imprescindibles que nuestro país requiere para seguir adelante. En ese orden, yo considero que deben tomarse en cuenta las siguientes propuestas:
1.- Se debe disminuir el número de legisladores de 150 a 75; volver al Congreso Nacional con una Cámara de cincuenta diputados, 2 por Provincias, y una Cámara de veinticinco senadores, con un senador por Provincias. Requisitos sumamente exigentes a los candidatos para poder ser calificados, como tener experiencia en el campo de su trabajo, una edad mínima de sesenta años, no tener un pasado político cuestionado por cambio de camisetas partidistas, no tener antecedentes penales, no haber sido destituido de ninguna institución pública ni expulsado de ninguna organización privada, haber demostrado una conducta intachable, ofrecer públicamente sus bienes y el origen de ellos; y, presentar un plan de trabajo legislativo factible de realizar. Pago de dietas por sesiones asistidas, dos períodos de trabajo legislativo al año, de cuatro meses cada período. Nada de asesores, secretarias, computadoras, teléfonos celulares de última generación, guardaespaldas, choferes, vehículos, gasolina y varios mensajeros. Si, una secretaria, un mensajero, y la contratación de un Asesor temporal por un máximo de quince días cuando sea necesario dentro de los períodos legislativos. Saben cuánto nuestro país ahorraría anualmente: sólo en sueldos, a cinco mil mensuales de los actuales asambleístas: cuatro millones quinientos mil dólares. Y unos siete millones más de ese ejército de funcionarios que cada Asambleísta tiene. Estamos hablando de casi doce millones de dólares a groso modo que pagamos los ecuatorianos por una Asamblea Nacional, que con algunas excepciones de pocos hombres y mujeres honestos e inteligentes y de un magnífico trabajo legislativo, es una vergüenza nacional e internacional. El país tendría un gran ahorro.
2.- Se debe eliminar todo el blindaje que tienen los Asambleístas, Jueces de la Corte Constitucional y otros altos funcionarios del Estado, mediante disposiciones legales, sentencias interpretativas y otras normas, en el sentido de que sus miembros, no pueden ser enjuiciados administrativa, civil y penalmente, por las decisiones, resoluciones y votos, que emitan. Bajo este paraguas, en estos organismos, se han tomado resoluciones que han perjudicado a nuestro país y a muchísimos ecuatorianos. Y hay que eliminar la contratación y el pago de Asesores, guardaespaldas, choferes, vehículos, gasolina y varios mensajeros. Otro gran ahorro económico.
3.- Eliminación de Concejales. En Ecuador hay 221 Municipios, todos con Alcaldes y Concejales. La experiencia es que independientemente de un Alcalde, de cualquier filiación política partidista, que llegue con un buen plan de gobierno tiene en la casi mayoría de veces y lugares, una oposición tenaz de los concejales que pertenecen a otras tiendas políticas. Ese Alcalde se encuentra maniatado y obligado a negociar, generalmente con empleos, prebendas y otros favores para poder trabajar y desarrollar su programa de trabajo. Concejales que se dedican a torpedear todo y que ganan un sueldo de dos mil quinientos treinta dólares mensuales, y tienen asesores, secretarias, vehículos, choferes, teléfonos, computadoras y mensajeros. Deben hacer por lo menos mil concejales, que en un año ganan un poco más de treinta millones de dólares por, generalmente, entorpecer una gestión administrativa. Esto sólo en sueldos. Y todo el equipo de empleados que cada uno tiene? Otros treinta millones a groso modo. Los ecuatorianos pagamos sesenta millones para una gestión administrativa que no genera beneficios para las respectivas circunscripciones territoriales. Hasta aquí, sumado lo anterior estamos hablando de más de setenta millones de dólares.
4.- Eliminación de Prefectos Provinciales y Prefecturas que son entes burocráticos que deben coordinar acciones con los respectivos Municipios de cada Provincia que en la práctica no sirven para nada, porque no coordinan nada y realizan un trabajo territorial de carácter político en favor de sus tiendas partidistas y aumentan la burocracia con militantes de esas tiendas. Por supuesto que no se trata de echar a la calle a los empleados y trabajadores sino de reubicarlos en las diferentes instituciones del Estado para que cumplan funciones específicas relacionadas con los objetivos y fines de dichas instituciones capacitándoles bien para el ejercicio de esas nuevas funciones. La coordinación de los municipios las realizarían de mejor manera los Gobernadores Provinciales.
5.- Eliminación de las autonomías y descentralizaciones de los Municipios. Esto, podría posibilitar un trabajo mancomunado y mejor entre el Ejecutivo, Ministerios y la Institucionalidad pública con los Alcaldes y Presidentes de Municipios del país. Mantener esa autonomía y descentralización es fomentar acciones de oposición al gobierno de turno, a veces beligerantes, actividades subrepticias sin control de ninguna naturaleza para que opere la corrupción administrativa con los recursos económicos del Estado (que son recursos del pueblo ecuatoriano) y, una desarticulación con el plan de desarrollo nacional del país. Un país que mira hacia el futuro, tiene que actuar organizadamente, sin trabas de ninguna naturaleza y, peor politiqueras y, siempre teniendo por delante, que quienes lo dirigen son simples administradores, ESO SI, CON IDEAS PRAGMATICAS, del dinero que sus nacionales entregan mediante impuestos, tasas y contribuciones específicas, para pagar, a su vez, bienes, obras y servicios de primera calidad. Por qué, por ejemplo, no seguimos el ejemplo de los países nórdicos?
6.- Una nueva estructura de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la autorización del pueblo ecuatoriano de sacar a nuestro país de la Organización Mundial del Trabajo, OIT, El Tratado que Ecuador suscribió con la OIT, aparte de que no nos ha servido para nada positivo, configura el gobierno y manejo de las Instituciones de Seguridad Social de nuestros países con representantes de los sectores que aportan económicamente. Por eso, estos Consejos Directivos o de Gobiernos, están integrados por representantes de los Empleadores, de los trabajadores y del Estado. En Ecuador, esto fue recogido en la Constitución de la República vigente, aunque anteriormente así mismo se lo venía manteniendo. Sin embargo se excluye a los Jubilados, que si bien es cierto, no somos aportantes presentes, lo hemos sido durante algunas décadas y con nuestro dinero y sus frutos, en gran parte se han financiado las prestaciones sociales que en la actualidad se vienen otorgando. Lo mismo ocurrirá con los actuales trabajadores aportantes cuando se jubilen. Y tenemos derecho a intervenir directamente para proteger el dinero que debe servir para el pago de las prestaciones y, específicamente, el pago de las pensiones jubilares. Por ello, es necesario o salir temporalmente o pedir que esto se reforme en el tratado suscrito con la OIT, pues así se reforme la Constitución, si nos mantenemos dentro de la OIT tenemos que cumplir con ese tratado y no cambiará la forma de gobierno del IESS. En todo caso, debe reformarse en nuestra constitución la forma de integración del Consejo Directivo del IESS incluyendo a un representante de los Jubilados.
En próximos artículos me referiré a otras reformas que estimo deben hacerse en la Constitución o deben tomarse en cuenta para una nueva Constitución.
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