El movimiento Pachakutik y la Revolución Ciudadana han establecido un acuerdo basado en 25 puntos clave, que abarcan temas de seguridad, economía, derechos laborales, medioambiente y gobernabilidad.

En materia de seguridad y lucha contra la corrupción, el pacto contempla fortalecer el equipamiento de las fuerzas públicas, impulsar políticas para reducir la pobreza sin vulnerar los derechos humanos y exigir el pago de deudas pendientes al SRI por parte de los mayores deudores del Estado. Además, se busca establecer un cronograma de pagos para saldar las obligaciones con proveedores del sector público y garantizar transparencia en los contratos en sectores estratégicos y eléctricos.

Sobre la gestión de recursos naturales, ambas organizaciones políticas acuerdan combatir la minería ilegal, realizar auditorías y declarar una moratoria minera. También rechazan la minería de esquisto y a cielo abierto en zonas vulnerables, exigiendo el cumplimiento de las consultas populares sobre temas ambientales en el Yasuní, Chocó Andino y Azuay. Se oponen, además, a cualquier intento de Asamblea Constituyente que ponga en riesgo los derechos ambientales y sociales.

En el ámbito económico y laboral, se plantea la condonación de deudas vencidas de hasta 10 mil dólares para pequeños productores agrícolas y pesqueros, así como el restablecimiento del IVA al 12%. También se prioriza el fomento de la producción nacional y la soberanía alimentaria mediante programas sustentables, además de promover créditos para vivienda y microempresas, especialmente para jóvenes. Otro punto clave es la auditoría de la deuda pública para garantizar seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, sin poner en riesgo la dolarización.

El acuerdo incluye compromisos en derechos laborales y sociales, con el fortalecimiento del IESS y el restablecimiento del Seguro Social Campesino. En salud y educación, se busca garantizar servicios gratuitos y de calidad, con mayor inversión en infraestructura hospitalaria y educativa, así como estabilidad laboral para médicos y docentes.

Asimismo, el pacto contempla la implementación de políticas para consolidar un Estado plurinacional e intercultural, con representación de pueblos indígenas, afrodescendientes, cholos y montubios. También se promueve el acceso equitativo de mujeres y diversidades, garantizando una vida libre de violencia.

En cuanto a sostenibilidad, se propone reinstitucionalizar la gestión comunitaria del agua, invertir en riego, agua potable y saneamiento, y desarrollar planes de apoyo para migrantes retornados.

Finalmente, en el ámbito de gobernabilidad, se plantea derogar decretos del presidente Daniel Noboa que vulneren derechos y fortalecer el Estado constitucional a través de una agenda legislativa que priorice la defensa de las garantías ciudadanas.