La primera vuelta de las elecciones en Ecuador ha sido la más reñida de su historia. Con un margen de diferencia de apenas 16.746 votos entre Daniel Noboa (44,16%) y Luisa González (43,94%), el 10% de votos nulos e indecisos se ha convertido en un botín clave para la segunda vuelta del 13 de abril. Esta situación recuerda a 1996, cuando Jaime Nebot y Abdalá Bucaram tuvieron una diferencia de apenas 34.000 votos, o incluso a 1984, cuando Rodrigo Borja y León Febres-Cordero disputaron la presidencia con una brecha de 1,5 puntos.

El estrecho margen ha obligado a los candidatos a intensificar sus estrategias para captar votos. En el caso de Noboa, su apuesta ha sido la entrega de bonos gubernamentales. El 28 de marzo de 2025, anunció que destinaría 560 millones de dólares en bonos dirigidos a diversos sectores: productores agrícolas, emprendedores, familias, negocios populares, jóvenes, policías y militares. Aunque algunos de estos bonos fueron presentados previamente, su aceleración y ampliación coinciden con la campaña electoral.

Entre los bonos anunciados están:

• Agroproductores: USD 800 para pequeños y medianos productores afectados por las lluvias, según el Decreto Ejecutivo 587.
• Emprendedores: USD 1.000 para negocios populares dentro del ‘Programa Incentivo Emprende’ (Decreto Ejecutivo 583).
• Fuerzas del Orden: USD 507,60 como compensación única a militares y policías en servicio activo.
• Damnificados: USD 400 mensuales por dos meses para ciudadanos de ocho provincias afectadas por el invierno (Decreto Ejecutivo 578).
• Jóvenes: USD 400 durante tres meses para jóvenes entre 18 y 29 años que contribuyan en programas gubernamentales.

Estos incentivos, sumados a otras becas y pagos anunciados desde enero, representarán un gasto de más de 518 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, esto es casi diez veces el presupuesto de la cárcel que el Gobierno construye en Santa Elena (USD 52 millones) o cinco veces el costo del alquiler de la barcaza turca Emre Bey durante la crisis eléctrica de 2024 (USD 114 millones).

Lo preocupante es que el Gobierno no ha detallado de dónde saldrán los fondos para estas transferencias, ya que no estaban contempladas en el Presupuesto General del Estado de 2024. Además, en varios casos, ni siquiera se ha precisado cuánto costará cada medida.

Expertos en economía coinciden en que estos bonos responden a una estrategia de corto plazo para captar votos, pero no reemplazan inversiones sostenibles en seguridad o reactivación económica. Un ejemplo claro es la compensación única para militares y policías: en lugar de mejorar su equipamiento y logística, se opta por un pago temporal que no resuelve sus necesidades estructurales.

Si bien estas transferencias pueden generar un repunte momentáneo en el consumo, no garantizan el crecimiento económico del 4% proyectado por Noboa para 2025, especialmente después de un 2024 de recesión. A largo plazo, la entrega de bonos no inserta a los beneficiarios en el mercado laboral formal ni mejora la productividad del país.

Los bonos en campaña electoral son una estrategia populista porque buscan apoyo inmediato sin resolver problemas estructurales. Algunas cinco implicaciones críticas:

1. Impacto inmediato y emocional: Generan gratitud en el corto plazo, justo antes de las elecciones.
2. Desvío de atención: No abordan problemas estructurales como el desempleo o la seguridad.
3. Uso de recursos públicos con fines políticos: No son un regalo del candidato, sino dinero del Estado.
4. Fomento de dependencia: En lugar de incentivar empleo e inversión, refuerzan la idea de que el gobierno es la principal fuente de sustento.
5. Riesgo fiscal: Sin respaldo presupuestario, pueden aumentar el déficit y generar crisis futuras.

En conclusión, estas medidas pueden dar liquidez temporal a sectores vulnerables, pero no representan una solución estructural. Los ciudadanos debemos estar vigilantes sobre el cumplimiento de estas promesas y exigir transparencia en el manejo de los recursos públicos. La historia demuestra que las estrategias populistas pueden traer beneficios inmediatos, pero a largo plazo suelen dejar una economía debilitada y una sociedad más dependiente del Estado.