El Ministerio del Trabajo registró este 29 de marzo la inhabilitación de Verónica Abad para ejercer cargos en el sector público, en cumplimiento de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que determinó la suspensión de sus derechos de participación por dos años.

El impedimento quedó oficializado tras la respuesta del TCE al recurso de aclaración y ampliación solicitado por la defensa de Abad. Con ello, la sanción se ejecutó, dejando a la vicepresidenta sin derecho a ocupar cargos públicos ni participar en procesos electorales.

Además de la suspensión, la resolución impone a Abad una multa de 14 000 dólares y la obligación de publicar una disculpa en un diario de circulación nacional. Estas medidas responden a una denuncia interpuesta por la canciller Gabriela Sommerfeld, en la que el TCE determinó que Abad incurrió en violencia política de género, una falta grave tipificada en el Código de la Democracia.

División entre los jueces del TCE

El fallo contó con dos votos salvados, de los jueces Richard González y Fernando Muñoz, quienes cuestionaron la decisión de la mayoría.

Muñoz advirtió que la sentencia podría derivar en una “remoción indirecta” de la vicepresidenta sin que se haya seguido el proceso constitucional correspondiente. En su criterio, la sanción conlleva una ausencia definitiva del cargo, sin que se haya aplicado el procedimiento establecido en el artículo 129 de la Constitución.

Restricciones durante la campaña electoral

Con esta medida, Abad no podrá sufragar en las elecciones de abril ni asumir la presidencia en ausencia de Daniel Noboa. La restricción también afecta su posibilidad de ocupar cualquier cargo público durante los dos años de sanción.

El Ministerio del Trabajo señaló que cada entidad estatal deberá determinar si la inhabilitación representa un impedimento legal para cargos específicos dentro de sus instituciones.

Abad denuncia su caso ante organismos internacionales

Tras la decisión del TCE, Verónica Abad se pronunció en la red social X, calificando la sanción como un “golpe de Estado judicial” y citando el voto salvado del juez Muñoz como respaldo a su postura.

La vicepresidenta ha llevado su caso ante instancias internacionales, visitando recientemente Ginebra y París para exponer su situación. La relatora de la ONU sobre violencia contra la mujer, Reem Alsalem, expresó preocupación por la sanción impuesta, cuestionando si se justificaba sin haber evidencia de afectación directa al ejercicio de funciones.