El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha emitido una respuesta sobre la notificación del presidente-candidato Daniel Noboa, quien informó que llevará a cabo su campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones del 13 de abril sin solicitar una licencia sin sueldo. A solo trece días de que finalice el periodo de campaña, persiste la incertidumbre sobre la figura legal que Noboa adoptará para promocionar su candidatura.

El 26 de marzo, Noboa comunicó su decisión de combinar su rol de presidente con su candidatura por un periodo de doce horas. La notificación fue dirigida a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, para que la difundiera entre los consejeros. Sin embargo, el organismo no se ha pronunciado sobre la validez de esta medida ni ha indicado si discutirá el tema en su próximo pleno.

En el documento recibido por el CNE a las 07:47 del miércoles, Noboa indicó que realizaría actividades proselitistas entre las 08:00 y las 20:00 horas. A diferencia de la primera vuelta, no invocó una causal de ausencia temporal por fuerza mayor. En su comunicado, destacó que ejercerá sus derechos políticos en igualdad de condiciones con su contrincante, Luisa González Alcívar, candidata de la alianza Revolución Ciudadana (RC) y Renovación Total (RETO).

El presidente-candidato participó en un mitin en Guayaquil, donde expresó: “Hoy estamos en campaña, aunque algunos no quieren que yo salga al territorio”. Durante este acto, instó a sus seguidores a convertirse en “embajadores” y a conversar con los votantes indecisos.

A pesar de su participación en eventos de campaña, Noboa también firmó tres decretos ejecutivos esa misma noche, incluyendo disposiciones para entregar $1,000 a los actores de la economía popular y solidaria, así como compensaciones a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

El constitucionalista Xavier Palacios advirtió que, aunque la Constitución no obliga a solicitar licencia para hacer campaña, existe un riesgo de confusión entre actos de campaña y actos de gobierno. Palacios sugirió que, para garantizar la igualdad de condiciones en la contienda electoral y evitar posibles acusaciones, Noboa debería pedir licencia a la Asamblea Nacional.

Por su parte, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, cuestionó la notificación al CNE, calificándola como un “saludo a la bandera” y alertó sobre los posibles peligros legales del precedente que podría establecer. Alarcón subrayó que la licencia obligatoria se implementó para evitar el uso indebido de recursos públicos, y las decisiones populares como los bonos no hacen más que reafirmar la necesidad de reformas al Código de la Democracia.

Aunque Noboa ha expresado que la solicitud de licencia no es una figura adecuada, reconoció que la Ley Orgánica de la Función Legislativa permite que el presidente solicite una licencia temporal, aunque esta depende de la aprobación de la mayoría en la Asamblea Nacional. Sin embargo, sostiene que esta disposición no aplica a su situación, citando una sentencia de la Corte Constitucional de 2010, que aclaró que, en su caso, no se considera una reelección.

En el caso de que la vicepresidenta Verónica Abad quede inhabilitada por la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, Noboa podría encargarse de la administración del país mediante un ministro de Estado, aunque esto también requeriría autorización de la Asamblea, según Palacios.