El proceso electoral del 9 de febrero de 2025 está cerca de su conclusión, con solo pendiente la adjudicación de escaños de asambleístas nacionales y de dos provincias, lo que pondría fin a los reclamos sobre los resultados. Estos operativos reflejan una Asamblea Nacional en la que la coalición correísta, Revolución Ciudadana (RC) y Renovación Total (RETO), se posiciona como la primera minoría, alcanzando 67 de los 151 curules.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha resuelto ya al menos 14 recursos subjetivos-contenciosos que fueron presentados en contra de los resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Entre ellos, se incluyen disputas sobre las elecciones presidenciales, asambleístas nacionales y parlamentarios andinos, así como sobre los escrutinios de asambleístas provinciales en Pichincha y Guayas.

A pesar de que el CNE no ha asignado aún los 15 escaños de asambleístas nacionales, el TCE rechazó el reclamo de la alianza RC-RETO que pedía la nulidad de esta votación, y el caso está siendo revisado por el juez Richard González. El CNE aún debe resolver los recursos en las provincias de Guayas y Pichincha, aunque ya se han adjudicado los escaños en 22 de las 24 provincias.

Entre los reclamos judiciales resueltos, uno fue interpuesto por la candidata de ADN en Pichincha, Giovanna Ubidia, quien cuestionó la validez de 260 actas, pero su apelación fue rechazada. Otros recursos fueron presentados por los líderes de la RC, como Luisa González, quien apeló los resultados de Esmeraldas y Sucumbíos, pero también vio su solicitud denegada.

Aún quedan pendientes algunos reclamos adicionales, como la apelación de la RC contra la resolución del CNE que negó una objeción a los resultados de la votación presidencial, en la que se busca que se declare la nulidad por supuestas irregularidades en el registro electoral.

Finalmente, una vez que el CNE y las juntas provinciales de Pichincha y Guayas adjudiquen los escaños, se podrá apelar cualquier error en el cálculo matemático de los resultados dentro de un plazo de tres días, conforme a lo dispuesto en el Código de la Democracia. Los resultados finales deben resolverse antes del 9 de mayo.