El proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Inquilinato es la nueva iniciativa que ingresó a tratamiento en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, tras avocar conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La mesa legislativa empezó el trabajo, con la comparecencia de las legisladoras proponentes Mónica Salazar y Ana Herrera.

Salazar recordó que esta propuesta fue ingresada el 6 de julio de 2024 y calificada por el CAL el 4 de septiembre del mismo año. Mencionó que una de las principales carencias de las familias es la vivienda, que es un derecho humano, siendo necesaria la reforma, relacionada con el derecho al hábitat y vivienda digna, déficit habitacional, ausencia de regulación arrendador–arrendatario, ausencia de mecanismos de fijación de cánones de arrendamiento, garantías y actualización normativa porque todavía hay sanciones en sucres.

Salazar mencionó que, de aproximadamente 825 mil hogares de arriendo en 2010, se incrementó a 1 millón 100 mil en 2022. El 67 % de los hogares tienen vivienda propia y el 21 % tiene alquilada.

En este contexto, Ana Herrera explicó sobre la obligación de permiso y certificado de arrendamiento, en línea; garantías de un mes sobre las condiciones del bien a arrendar; parámetros para definición del canon de arrendamiento; métodos alternativos de solución de conflictos; multas y sanciones por incumplimientos; y, otorgamiento de certificados de fijación de pensiones.