La fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha retomado sus actividades en Ecuador tras regresar de su licencia de maternidad en Argentina. Su reaparición pública el 24 de marzo, en la audiencia del caso Las Torres, ha avivado las dudas sobre si se mantendrá en el cargo más allá del 8 de abril, cuando concluye su periodo de seis años al frente de la Fiscalía.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aún no ha finalizado el proceso para elegir a su reemplazo, lo que abre dos escenarios posibles: Salazar podría dejar el cargo en la fecha prevista o prorrogarse hasta que se designe un nuevo titular.

En una entrevista con el portal La Historia, la fiscal no descartó la posibilidad de mantenerse en funciones temporalmente, señalando que tomará la decisión que garantice “el adecuado funcionamiento del sistema y el cumplimiento de los procedimientos establecidos”. Esta declaración ha generado especulaciones sobre su continuidad.

¿Qué pasará si Salazar no se prorroga?

Si el 8 de abril no hay un nuevo fiscal general y Salazar decide no continuar, su subrogante, Wilson Toainga, sería el candidato natural para asumir el cargo. No obstante, su periodo también culmina en abril de 2025, por lo que enfrentaría la misma disyuntiva: aceptar la prórroga o dejar la Fiscalía.

Si ni Salazar ni Toainga optan por la prórroga, el Cpccs deberá nombrar un fiscal interino, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles designaciones con intereses políticos. Entre las opciones, se menciona a Merck Milko Benavides, quien obtuvo el segundo mejor puntaje en el proceso de selección en el que fue elegida Salazar.

Una fiscal que marcó la historia

Diana Salazar ha liderado investigaciones contra figuras clave de la política ecuatoriana, incluyendo a los expresidentes Rafael Correa (caso Sobornos 2012-2016) y Lenín Moreno (caso Sinohydro). También encabezó el caso Metástasis, considerado el mayor escándalo de narco-corrupción en el país, del cual se desprendieron los casos Purga y Plaga.

Antes de ser fiscal general, Salazar dirigió la Unidad de Lucha Contra la Corrupción y tuvo un papel crucial en el caso FIFA Gate, logrando la condena de Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Según el Código Orgánico de la Función Judicial, el cargo de fiscal general tiene un periodo fijo de seis años, sin posibilidad de reelección, aunque la ley permite la prórroga hasta la designación de un sucesor. A pocos días del fin de su mandato, la incertidumbre sobre el futuro de la Fiscalía sigue latente.