El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) deberá resolver el recurso de apelación presentado por Priscila Schettini y Angélica Porras, luego de que fueran sancionadas con la pérdida de sus derechos políticos.

Ambas fueron denunciadas en 2023 por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por presunta violencia política de género con connotaciones racistas, tras impulsar una campaña para exigir su renuncia.

El juez electoral Fernando Muñoz, en una sentencia de primera instancia emitida el 6 de junio de 2024, determinó que Schettini y Porras incurrieron en actos sistemáticos de violencia política de género, afectando la imagen y gestión de la fiscal. Como consecuencia, Schettini fue sancionada con una multa de 50 Salarios Básicos Unificados (SBU) y la suspensión de sus derechos políticos por tres años, mientras que Porras recibió una multa de 30 SBU y dos años de suspensión.

Si el TCE ratifica la decisión, Schettini perdería la posibilidad de asumir su cargo como legisladora el 14 de mayo de 2025.