La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el régimen de Daniel Ortega, aprobó el martes una reforma que otorga a Rosario Murillo, esposa del presidente, el control directo del Ejército, consolidando aún más el poder familiar que ha dirigido el país durante más de una década.

La reforma modifica el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Militar, estableciendo que el Ejército de Nicaragua estará bajo el mando directo de la Presidencia de la República, con Murillo ejerciendo la “Jefatura Suprema”. Esta decisión forma parte de un proceso de creciente militarización y represión que ha caracterizado el gobierno de Ortega y su esposa.

Desde febrero, Murillo fue nombrada oficialmente “copresidenta” mediante una reforma constitucional que disolvió la figura de la vicepresidencia, permitiendo que Ortega y ella compartieran la presidencia. Esta reforma ahora formaliza el poder de Murillo, quien ya ejercía de facto una gran influencia en el gobierno.

Una vez ratificada la reforma en una segunda votación y publicada en la Gaceta Oficial, Murillo asumirá el control directo de las fuerzas armadas. La ley también amplía las funciones del Ejército, que deberá colaborar con la Policía Nacional en tareas de represión interna bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, consolidando aún más la vinculación de las fuerzas armadas con el aparato de represión del régimen.

Además, los nuevos miembros del Ejército deberán jurar lealtad no solo a la bandera de Nicaragua, sino también a la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega, lo que marca un claro quiebre con la neutralidad política tradicional de las fuerzas armadas.

Este control total sobre el Ejército es solo una de las medidas que el régimen ha impulsado en los últimos años para eliminar cualquier forma de oposición. Se han clausurado más de 3.000 organizaciones civiles, ilegalizado partidos opositores, cerrado medios de comunicación independientes y despojado de su nacionalidad a más de 450 críticos, incluyendo periodistas y defensores de derechos humanos.

La represión que comenzó con las protestas de abril de 2018, que dejaron más de 300 muertos según la ONU, sigue siendo justificada por el régimen como un intento de “golpe de Estado” promovido por Estados Unidos. La creciente militarización bajo el control de Murillo fortalece el modelo de dictadura dinástica establecido por Ortega, quien, junto a su esposa, ha aniquilado los contrapesos institucionales y convertido al país en un sistema de partido único, sustentado por la represión constante.