Por lo menos, digo yo, los pronunciamientos públicos del líder máximo de la organización, así como los que hacen sus más altos cuadros, provocan fundados temores entre un alto número de ecuatorianos. No se trata de interpretaciones con propósito político-electoral, sino de certeza de lo que sucederá en el país, desde mayo próximo, si el binomio presidencial que los representa gana las elecciones del 13 de abril.

Cuando de la dolarización se discute, mientras el presidente-candidato es partidario y defensor de su mantenimiento como moneda oficial del Ecuador, sin necesidad de que esto conste en la Constitución, su contendora, además de su tutor, su compañero de fórmula, su coideario ex candidato presidencial y vicepresidencial, sus compañeros asambleístas y muchos de sus simpatizantes, quieren desdolarizar. Han dicho que el uso de esa moneda atenta contra la soberanía y que una de las vías para salir de ella es una nueva moneda regional (¿el Sucre?). Que su utilización provocó un deterioro en la economía e incrementó el desempleo y la pobreza. Plantean, asimismo, la “ecuadolarización”, esto es la “absorción” de dólares por parte del Estado, el uso de billetes físicos para pagos internacionales, y para las transacciones locales los ecuatorianos tendrían dinero digital del Banco Central. Recientemente se planteó la “dolarización a la ecuatoriana”, la que, según Alberto Dahik, ya “la tuvimos entre 2009 y 2017”, con resultados desastrosos, cuando el gobierno “entregó bonos por $8.000 millones al BCE” y este le acreditó a Finanzas la misma cantidad (en billetes), lo cual es un “horror” y una “estafa”, porque “el único que puede emitir dólares es el Banco Central de los Estados Unidos”.

Mientras el presidente-candidato respalda y promueve las libertades de prensa y expresión, la organización política representada por su contendora quiere una nueva Ley de Comunicación, es decir volver a lo ocurrido en los 10 años consecutivos en los que fueron gobierno nacional y persiguieron, enjuiciaron, insultaron, amenazaron, intimidaron, multaron, clausuraron, etcétera, a los periodistas, articulistas y medios de comunicación libres e independientes. Fueron los años del “Estado de propaganda”, por las interminables horas usadas por el régimen en todos los espacios televisivos, radiales y de prensa escrita. En esta materia, un triunfo de este binomio será un durísimo golpe para la democracia.

Mientras el candidato-presidente a través de su gobierno y de todas las instancias oficiales libra una lucha sin cuartel contra la delincuencia común y la organizada que es transnacional y vinculada con el narcotráfico, el coyoterismo, la trata de personas, la minería ilegal, entre otras ilicitudes, su contendora, por medio de voceros bastante conocidos, deja saber que seguirá la política de López Obrador de más abrazos y menos balazos, además de reunirse con los cabecillas del delito para llegar a acuerdos y, supuestamente, darle paz a la nación.

Y para finalizar con estos ejemplos, mientras el candidato-presidente ha sido categórico respecto de la situación legal de un ex presidente prófugo y su ex vicepresidente preso, un alto dirigente, figura clave y asambleísta electo por el partido de su contendora ha sido absolutamente revelador al decir que el propósito central de ser gobierno es que los dos sean de inmediato liberados. ¡Ya veremos qué pasa el 13 de abril! Ahí sabremos, entonces, cuál será la suerte futura del país.