El Consejo Nacional Electoral (CNE) busca fomentar el voto informado a través del debate presidencial. Sin embargo, la clave para los candidatos, Daniel Noboa y Luisa González, radica en comprender a fondo las necesidades y angustias de un país que ha experimentado una profunda transformación en los últimos ocho años, tras el prolongado período del correísmo y el paso de tres presidentes de derecha.

Si bien las opiniones sobre este período varían, con algunos destacando aspectos positivos y otros enfatizando el deterioro, hay un consenso en que el próximo debate del 23 de marzo será crucial. Quien logre conectar genuinamente con la realidad nacional tendrá una ventaja significativa.

Los debates anteriores no alcanzaron el nivel de audiencia esperado, a pesar de que más de 1.2 millones de espectadores sintonizaron las transmisiones de televisión y radio, según cifras del CNE. En un país con una conectividad superior al 60%, el impacto del debate y su análisis posterior se extiende durante días, influyendo especialmente en los votantes indecisos.

Ni Noboa ni González destacan por su elocuencia, lo cual refleja una tendencia actual donde la oratoria tradicional ha perdido relevancia frente a la inmediatez de las redes sociales. Noboa se caracteriza por su serenidad, precisión y ocasionales jugadas arriesgadas, mientras que González, fortalecida por su experiencia y aprendizaje de derrotas pasadas, busca posicionarse como la voz de la oposición, señalando las falencias del gobierno actual.

Para el próximo debate, se anticipa que Noboa defenderá su gestión, justificando las carencias en el ámbito social por la brevedad de su mandato, mientras que González aprovechará las recientes controversias, como el caso Sacha, el derrame en Esmeraldas y la falta de gestión de riesgos ante el crudo invierno, para cuestionar la credibilidad del gobierno.

Más allá de los sesgos partidistas, es fundamental que analicemos cómo los candidatos abordarán los problemas apremiantes del país, descritos a continuación:

• Violencia: Una escalada sin precedentes, con más de 1.000 homicidios en los primeros 45 días de 2025, lo que representa un aumento del 63% en comparación con el mismo período del año anterior, según datos del bloque de seguridad.
• Pobreza: La pobreza en Ecuador alcanza niveles alarmantes, especialmente en áreas rurales, donde, según el INEC, en diciembre de 2024, el 28% de la población vivía en pobreza y el 12,7% en pobreza extrema. Esto significa que casi la mitad de los ecuatorianos subsiste con menos de 91 dólares al mes.
• Economía: En recesión, con tres trimestres consecutivos de decrecimiento en 2024 y un PIB contraído en un 1.5%.
• Producción petrolera: La producción nacional de petróleo en campo cayó un 2.1% en 2024, la peor cifra en cuatro años.
• Inversión extranjera: La inversión extranjera directa (IED) disminuyó un 54% en el segundo semestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023, según el Banco Central del Ecuador.
• Migración: La fuga de talento continúa, con más de 94.000 ecuatorianos emigrando en 2024 que no retornaron, lo que convierte a ese año en el segundo con el peor saldo migratorio, según el Ministerio del Interior.
• Corrupción: Ecuador se ubica en el puesto 121 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2024, debido a la inestabilidad institucional y la corrupción en el sistema judicial, según la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Este debate, probablemente, definirá quién ocupará la próxima presidencia: quien presente propuestas inmediatas, concretas y viables, sin espacio para dilaciones. Ecuador exige soluciones ahora. Es crucial abandonar las narrativas vacías y las propuestas distractoras de campaña, y enfocarse en acciones concretas que aborden las necesidades urgentes del país.