En Ecuador, una vez más, la discusión política se ha convertido en un campo de batalla ideológico. Cualquier intento de cuestionar a uno de los dos candidatos finalistas desata la furia de la polarización. La crítica y los matices han sido suplantados por el odio, la moneda con la que operan ambos bandos. Pero, ¿estamos verdaderamente contemplando el trasfondo de la situación o intentan distraernos?

¿Noboa o González, he ahí la cuestión, más solo eso es lo que nos ocupa? Si el dilema se reduce a la elección entre tendencias políticas y no aborda los abusos de poder subyacentes, se pierde de vista lo esencial. El temor a los abusos del correísmo en el pasado es comprensible, pero enfrentarlos con más atropellos solo perpetúa la arbitrariedad. La democracia no consiste en la victoria de un bando sobre otro, sino en el respeto a las normas e instituciones que la sustentan.

Lo que presenciamos no es solo una disputa por el poder, sino una lucha por el control absoluto de un país donde ya no hay espacio para la coherencia institucional. El CNE, al igual que otras instituciones, ha mostrado su incapacidad para garantizar procesos justos y transparentes. Mientras los candidatos finalistas protagonizan una disputa marcada por irregularidades, las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley parecen sucumbir a las presiones políticas.

El control de los gastos de campaña, un aspecto fundamental, ha sido desatendido. En su lugar, la institución se ha enfocado en sancionar a quienes fotografíen su voto, priorizando el control social sobre la integridad del proceso electoral. ¿Por qué guarda silencio ante la violación de normas por parte de un candidato que no solicitó la licencia necesaria para su campaña y utiliza recursos públicos para su beneficio personal? Exigir imparcialidad a una institución, ¿acaso implica representar una bandera política? Este doble rasero refleja claramente el vacío moral e institucional que hoy prevalece en el país.

No estamos ante un simple ejercicio de elegir entre opciones políticas, sino ante la posibilidad de restaurar un Estado de derecho en Ecuador, atrapado entre la corrupción y la impunidad. La mirada fragmentada que hoy impera desvía la atención de lo que realmente importa: un sistema institucional que, si no se reconstruye, seguirá siendo un escenario donde los intereses privados secuestran las decisiones públicas.