La administración de Donald Trump anunció la revocación del estatus legal temporal que beneficiaba a cerca de 530.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, intensificando su política de línea dura contra la inmigración. La medida, oficializada este viernes en el Registro Federal, entrará en vigor el próximo 24 de abril.

El programa eliminado había sido impulsado durante la gestión de Joe Biden y permitía la entrada legal de migrantes de estos países bajo un sistema de “parole” de dos años, siempre que contaran con patrocinadores en territorio estadounidense.

Tras retomar el poder, Trump reactivó su agenda para reforzar las leyes migratorias, incluyendo el endurecimiento de las deportaciones y la limitación de vías de ingreso legales establecidas por su predecesor demócrata. En una orden ejecutiva fechada el 20 de enero, el presidente argumentó que estos programas excedían la autoridad federal.

La decisión afectará directamente a cientos de miles de personas, quienes podrían quedar expuestas a la deportación si no logran regularizar su situación. No está claro cuántos de los migrantes beneficiados han logrado acceder a otro tipo de estatus migratorio o protección legal.

Trump también advirtió que “en los próximos días” evaluará si retira la protección a más de 240.000 ucranianos desplazados por la guerra con Rusia.

Mientras tanto, Venezuela y Estados Unidos, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019, acordaron reanudar los vuelos de deportación. Washington condicionó este acuerdo a la agilización de las repatriaciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, quien ha minimizado durante años la magnitud de la migración venezolana, que la ONU estima en casi 8 millones de personas desde 2014.

El Departamento de Estado de EE.UU. instó esta semana a Caracas a “dejar de dilatar” y programar vuelos de repatriación “constantes y semanales”, mientras se amenaza con nuevas sanciones si no hay avances.

En paralelo, las tensiones entre ambos países aumentan, luego de que Washington suspendiera la licencia de operaciones de Chevron en Venezuela en respuesta a lo que calificó como incumplimiento en la repatriación de migrantes.