El derrame de petróleo en Esmeraldas y la crisis ambiental que afecta a la provincia llegaron a la Asamblea Nacional, donde la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social inició un proceso de fiscalización este jueves 20 de marzo de 2025.

Además del grave impacto ambiental, el derrame dejó sin agua potable a los habitantes de Quinindé, Esmeraldas y Río Verde, lo que ha agravado la emergencia en la zona.

La Asamblea ha estructurado un cronograma de trabajo que contempla pedidos de información y la comparecencia de varias autoridades clave. Entre los convocados están representantes de:

• Ministerio del Ambiente
• Ministerio de Finanzas
• Ministerio de Salud
• Petroecuador
• Defensoría del Pueblo
• Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

Además, se llamará a los alcaldes de Esmeraldas, Atacames, Quinindé y Río Verde, así como a ingenieros, abogados, ambientalistas, académicos, fundaciones de derechos ambientales y representantes de la sociedad civil.

El objetivo es recopilar toda la información necesaria para evaluar el impacto del derrame y garantizar un proceso de restauración del ecosistema.

¿Sabotaje o accidente?

Una de las voces más relevantes en esta crisis es la de la ministra de Energía y presidenta del COE Nacional, Inés Manzano, quien en una entrevista con Teleamazonas aseguró que el derrame de petróleo en Esmeraldas fue un sabotaje.

Aunque no se ha confirmado su comparecencia, la Asamblea no descarta convocarla para que explique las razones detrás de su declaración y brinde más detalles sobre el manejo de la emergencia.

Una vez que se escuchen todas las partes, la Comisión emitirá un informe oficial, que podría derivar en nuevas acciones para mitigar la crisis y sancionar a los responsables.