Los chats revelados recientemente, vinculados a Augusto Verduga y a una supuesta estructura de poder afín al correísmo, han generado un fuerte impacto en la opinión pública y la esfera judicial y política del país. Los diálogos filtrados, que evidenciarían maniobras para colocar funcionarios estratégicos en instituciones clave, han sido calificados por especialistas como una amenaza directa a la institucionalidad democrática del Ecuador.

Carlos Luis Sánchez Gaete, abogado penalista con dos décadas de experiencia, afirmó que “para que la Fiscalía haya decidido formular cargos por asociación ilícita es porque hay indicios de otros delitos que subyacen a la organización detectada”. Según Sánchez, la asociación ilícita no se limita a la mera organización criminal, sino que “busca la comisión de otros delitos, como el tráfico de influencias o incluso el cohecho”.

Sánchez enfatizó que los chats evidencian gestiones ilícitas para influir en nombramientos en entidades como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura. “Esto encaja en el tipo penal de tráfico de influencias cuando un funcionario busca incidir en otro para obtener un beneficio propio o de terceros”, detalló.

Por su parte, el analista político Ramiro Rivera señaló que lo revelado va más allá de una simple estrategia partidista. “No puede quedarse en un escándalo de un solo día. Lo que aquí se muestra es la intención sistemática de un grupo político por controlar todas las áreas del Estado a través del CPCCS, para asegurarse el poder total y luego validar su dominio vía electoral”, sostuvo Rivera.

Rivera añadió que lo alarmante no solo es la falta de una respuesta contundente por parte de los implicados, sino el peligro de que, a través de la manipulación institucional, “se consolide una suerte de golpe de Estado silencioso”. También recordó que “todo lo que toca el correísmo lo corrompe”, refiriéndose al uso del CPCCS como herramienta para copar organismos de control y judiciales.

Mientras tanto, penalistas como Ramiro García Falconí han manifestado que la Fiscalía debe precisar con mayor claridad la tipificación de las conductas detectadas en los chats. “No es recomendable meter todo en un solo saco. Hay comportamientos que podrían encajar en fraude procesal, extorsión o tráfico de influencias, pero deben individualizarse mejor”, explicó García.

El proceso judicial apenas inicia su etapa de instrucción fiscal, con 90 días clave para que la Fiscalía robustezca la acusación y determine la gravedad de los delitos cometidos. Sin embargo, Rivera advirtió que “el riesgo de impunidad es alto si la ciudadanía y las autoridades no sostienen la presión institucional y política”.

Ambos expertos coincidieron en que la sociedad debe mantenerse vigilante y exigir sanciones ejemplares si los hechos se confirman. “Si no hay cárcel para los miembros de este cartel político, se mandará un mensaje de impunidad para todos los políticos del Ecuador”, concluyó Rivera.