Más de 200 venezolanos, acusados sin evidencia de ser miembros del Tren de Aragua, una de las bandas criminales más peligrosas de Venezuela, han sido deportados desde Estados Unidos a El Salvador, donde enfrentarán confinamiento en la infame “megacárcel” de ese país.

El gobierno de Donald Trump ha recurrido a una ley casi tan antigua como la nación misma: la Ley de Enemigos Extranjeros, un decreto de 1798, que otorga al presidente de turno el poder de deportar a ciudadanos de países en guerra con EE. UU. Esta ley, creada para situaciones de conflicto bélico, ha sido aplicada en raras ocasiones en los últimos 200 años, y ahora es utilizada para justificar la expulsión de venezolanos que se encuentran en situación irregular en el país.

Una ley de tiempos de guerra para una “invasión” de pandillas

La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros ha generado controversia. Trump justificó la medida alegando que el Tren de Aragua está llevando a cabo una “invasión” contra el territorio estadounidense. Sin embargo, expertos y defensores de derechos humanos han señalado que esta ley fue diseñada para conflictos internacionales, no para combatir organizaciones criminales dentro del país.

El gobierno estadounidense no ha presentado pruebas claras de que los deportados sean realmente parte de la temida banda criminal. De hecho, las autoridades venezolanas han desmentido las acusaciones, afirmando que los deportados no tienen vínculos con el Tren de Aragua, y que muchos de ellos solo tienen antecedentes menores, si los tienen.

¿Por qué esta ley ahora?

La Ley de Enemigos Extranjeros permite que el gobierno actúe sin tener que ofrecer garantías judiciales a los afectados. Esto significa que los migrantes deportados no tienen derecho a defenderse ni a apelar su caso en los tribunales de inmigración. Esta poderosa herramienta le da al presidente la autoridad para acelerar deportaciones y proceder sin las restricciones legales que normalmente aplicarían en un contexto de paz.

¿Un peligroso precedente?

Para muchos expertos, el uso de esta ley en tiempos de paz marca un punto peligroso. “Recurrir a una legislación que se usó para internar a ciudadanos de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial es un paso atrás en el respeto por los derechos humanos”, alertan desde el Centro para el Progreso Americano (CAP).

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, la cantidad de deportaciones y redadas ha aumentado significativamente, alcanzando ya a más de 32,000 migrantes, de los cuales un porcentaje importante son personas sin antecedentes penales o que están esperando respuesta a solicitudes de asilo.