El Ministerio de Gobierno se pronunció tras la decisión de la Fiscalía General del Estado de formular cargos y solicitar medidas cautelares contra los ciudadanos Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz. Los tres primeros son exconsejeros y la última es actual consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). A todos ellos se los señala como presuntos autores del delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En respuesta, la cartera de Estado, liderada por el ministro José de la Gasca, emitió un comunicado titulado “¡No al Golpe de Estado Azul!” a través de sus redes sociales, donde rechazó la supuesta injerencia de la llamada “liga azul” en el CPCCS.

“El @MinGobierno rechaza los intentos de manipulación del CPCCS por parte de la ‘liga azul’. En nuestro camino hacia un #NuevoEcuador, la transparencia, la justicia y el Estado de Derecho son innegociables”, señaló la publicación oficial.

El comunicado sostiene que la Fiscalía ha evidenciado un intento por parte de la “liga azul” de mantenerse en el poder mediante maniobras irregulares, y reafirma el compromiso del Gobierno con la transparencia y la institucionalidad.

“El Gobierno nacional condena firmemente cualquier intento de distorsionar el propósito del CPCCS con fines partidistas, utilizando la justicia y a los jueces para alcanzar dichos objetivos”, agregó la institución.

El Ministerio subrayó que la actuación de la “liga azul” refleja la influencia de prácticas de la vieja política que buscan desestabilizar al Gobierno y consumar lo que denominaron un “Golpe de Estado Azul”.

Asimismo, el Ejecutivo liderado por Daniel Noboa reiteró su rechazo a cualquier acción que busque la permanencia en el poder mediante mecanismos ilícitos, y enfatizó su objetivo de construir un “Nuevo Ecuador” basado en la transparencia y la defensa de la democracia.

“Nadie está por encima de la ley”, concluyó el Ministerio, asegurando que su Gobierno continuará impulsando reformas que fortalezcan la participación ciudadana y la institucionalidad democrática.

En el ámbito judicial, el conjuez nacional Marco Aguirre Torre acogió parcialmente la solicitud del fiscal subrogante Wilson Toainga, imponiendo a los cuatro implicados medidas cautelares como la prohibición de salida del país y la presentación periódica cada quince días ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito, a partir del 31 de marzo. También se ordenó la retención de $5.640 de sus cuentas bancarias, correspondiente a la multa contemplada para este delito.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó como evidencia una carpeta de Google Drive que contiene más de 30 documentos PDF con conversaciones vinculadas al caso. Aquí el enlace compartido por la FGE: Ver documentos.

El proceso, conocido como Caso Ligados, surgió tras la denuncia de Roberto Romero von Buchwald, superintendente de Bancos. La controversia se remonta a la decisión de los implicados de desconocer la designación de Romero y, en su lugar, nombrar a Raúl González como titular del organismo para el periodo 2022-2027.

Según el fiscal Toainga, el CPCCS habría actuado como una extensión de un movimiento político que intentaba tomar el control de varias instancias de poder.

El delito imputado está previsto en el artículo 370 del COIP, que sanciona la asociación ilícita con penas privativas de libertad de tres a cinco años, y la acusación se fundamenta además en el artículo 278 del mismo código, que determina la autoría directa para quienes participen de manera inmediata en la comisión de la infracción.