A medida que se acerca la segunda vuelta presidencial, la sombra del fraude electoral vuelve a instalarse en el debate político ecuatoriano. Tanto la Revolución Ciudadana como ADN, las dos fuerzas en disputa, ponen en duda la transparencia del proceso liderado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las denuncias de irregularidades surgieron desde la primera vuelta, con acusaciones de inconsistencias en las actas que habrían favorecido a Luisa González. Por otro lado, el reciente anuncio del CNE de prohibir celulares en los recintos electorales ha desatado críticas, con sospechas de que la medida beneficiaría al candidato-presidente Daniel Noboa.

Con una diferencia de apenas 0,17 % en la primera vuelta, el CNE enfrenta una misión crucial: recuperar la confianza de las organizaciones políticas y evitar que el proceso se vea empañado por alegatos de fraude.

Actas bajo la lupa y denuncias de fraude

El activista político Juan Esteban Guarderas habló con Ecuavisa sobre inconsistencias en al menos 9.939 actas, que representarían un 6,2 % a favor de Noboa. Según su hipótesis, en varias mesas electorales se habrían manipulado actas de ausentismo para sumar votos a González, y en ciertos casos se registraron más sufragios que ciudadanos inscritos.

Guarderas exigió al CNE la remoción de los delegados en las provincias donde identificó más irregularidades: Manabí, Esmeraldas, Guayas, Chimborazo y Pichincha.

Ayer, el expresidente Lenín Moreno avivó las tensiones al compartir la misma denuncia en su cuenta de X: “Ya no importa quién hizo el fraude, sino quién lo encubre”, escribió, sumándose al pedido de cambios en las autoridades electorales.

La situación recuerda las protestas de 2017, cuando el movimiento Creo, de Guillermo Lasso, denunció fraude tras la victoria de Lenín Moreno. En esa ocasión, las denuncias abarcaban 4 200 actas, equivalente a un millón de votos.

El activista Bolívar Loján también señaló anomalías en actas de Imbabura, donde la cantidad de votos en la elección presidencial no coincidía con la de asambleístas en la misma junta receptora del voto.

Celulares en la mira: ¿transparencia o censura?

La decisión del CNE de prohibir celulares en las juntas receptoras del voto encendió aún más la polémica. Aunque la medida busca evitar la compra de votos y la extorsión de grupos criminales, la restricción podría afectar el control electoral de las organizaciones políticas.

Inicialmente, la disposición generó alarma al sugerir que ni los delegados políticos ni los observadores podrían usar celulares para registrar el proceso. Sin embargo, en la sesión del CNE se aclaró que sí podrán hacerlo.

A pesar de la rectificación, juristas advierten que la prohibición no tiene sustento legal. Esteban Ron, decano de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEK, explicó al medio televisivo que la medida no está contemplada en el Código de la Democracia ni en la Constitución, por lo que su aplicación carece de base jurídica.

El abogado constitucionalista André Benavides también considera que la norma es inconstitucional y que cualquier restricción de este tipo debería establecerse mediante reforma o ley orgánica.

Con las tensiones al máximo y la segunda vuelta en la mira, el CNE enfrenta el reto de garantizar un proceso transparente que no termine en una crisis de legitimidad.