En Cuba todos los medios de comunicación son propiedad del Estado que, a través de su gobernante, ejerce control: nombra directivos, define la línea editorial, fiscaliza para impedir que se filtre alguna crítica. Los medios existentes son concebidos y utilizados como órganos de propaganda gubernamental, y desde 1959 hasta la fecha son “instrumentos de trabajo ideológico del Partido Comunista”. Allí no se acreditan ni medios ni corresponsales extranjeros, salvo que pertenezcan a países comunistas socios. La red Internet está prohibida para la población en general; las excepciones alcanzan para la investigación y el espionaje.

En Nicaragua funcionan pocos medios privados y para hacerlo evitan los cuestionamientos al régimen de Ortega por temor a las represalias. Medios y periodistas en esa nación gobernada por un matrimonio son acosados, estigmatizados, perseguidos, silenciados. Los críticos son apresados, desterrados, acusados de delincuentes, declarados traidores a la patria y hasta apátridas (les quitan la nacionalidad). Los familiares de Ortega ahora son propietarios de canales de televisión, radios y periódicos, que, sin vergüenza (s) se declaran prensa libre e independiente. El gobierno ha cerrado unos 40 medios y hay unos 150 periodistas exiliados. El gobierno hizo una ley en esta materia para su beneficio.

En Venezuela 200 radios y 10 canales de televisión han sido silenciados o son interrumpidos por el gobierno central. Alrededor de 100 periódicos han dejado de publicarse como consecuencia del monopolio del papel e insumos de impresión que el Estado maneja desde 2013. Periodistas y medios extranjeros son perseguidos y expulsados del país. Se estima en por lo menos 1.000 periodistas exiliados por el gobierno y por propia decisión ante el miedo de ir a la cárcel. Desde 2002 se han cerrado 400 medios. Los pocos que se denominan independientes trabajan en un ambiente súper restrictivo, y la oferta de medios estatales y de otros alineados con el régimen, que ha creado leyes relacionadas con la comunicación, se ha ampliado exponencialmente.

En los casos descritos las poblaciones se informan a través de las redes sociales que hasta ahora no han podido controlarlas totalmente. Son centenares los sitios web bloqueados. Aun así, los gobernantes de esos países tienen el aval y la profunda amistad de la Revolución Ciudadana que gobernó el Ecuador entre 2007 y 2017, y creó una Ley de Comunicación para impedir el funcionamiento de la prensa libre. Fueron años fatídicos para el ejercicio periodístico; fue una auténtica pesadilla porque dicho régimen censuró y criminalizó este noble trabajo.

Desde noviembre de 2022 rige una nueva ley que, sin ser la ideal, cuenta con la aceptación ciudadana y de los medios y gremios periodísticos. No obstante, a poco de ser electo, Xavier Lasso, asambleísta correísta, anunció que peleará una nueva ley para la materia. Su líder y muy cercano amigo, Rafael Correa, lo respalda y hace campaña para que así sea. Ambos y su organización no quieren libertades de prensa y de expresión ¿Aceptarán los ecuatorianos volver a la ley mordaza?