En la Constitución del 2008, vigente en el Ecuador, se establece la prohibición de criminalizar el consumo de drogas y considera a las adicciones como un problema de salud pública.

En 2013, el gobierno del expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa, implementó la Tabla de Consumo de Drogas, mediante la resolución 002-CO-2013 por el CONSEP, para diferenciar a los consumidores de los traficantes de drogas.

Esta política pública fue contraproducente, permitió, junto a otros factores como el pago con drogas y armas que hacían las mafias internacionales a los grupos delincuenciales locales, el incremento del tráfico y microtráfico de sustancia ilegales. Ya de 2008 a 2016, los gobiernos reconocían al territorio ecuatoriano solo como un lugar de paso de drogas, pero esa política se convirtió en factor determinante para fortalecer el crecimiento y dominio de los grupos narcotraficantes en este país.

Según informaciones oficiales, al país ingresa aproximadamente 800 toneladas de sustancias ilegales, de las cuales 650 toneladas son enviadas a Europa y EE.UU. Pero el problema es que se quedan entre 130 y 150 toneladas para el consumo interno, esta cifra varía, según las incautaciones de las fuerzas de seguridad del Estado. Por ejemplo, en 2024 se incautaron 292 toneladas de drogas y se destruyeron 302 toneladas, eso es un inmenso trabajo por parte de la Policía Nacional y de las FF.AA. Lo preocupante es la cantidad de sustancias ilegales que se quedan en el país para el consumo interno.

El microtráfico se ha convertido en una problemática de gran magnitud para nuestra sociedad y es una actividad que abastece de recursos a las economías ilegales y al tráfico a gran escala. Permite la comercialización en pequeñas cantidades de estupefacientes dentro del entorno social, con repercusiones a la salud pública e incrementa la violencia por la lucha de mercados internos. El microtráfico ha ganado espacio como consecuencia de la mayor cantidad de droga que circula en las calles de Ecuador y la presencia de cárteles del narcotráfico no solo locales, sino trasnacionales. Esta situación ha deteriorado la seguridad pública y es la causa principal del 60% de las muertes violentas que se han registrado en los últimos años, además sirve para financiar la compra de armas, municiones y explosivos para los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) y narcoterroristas que extorsionan, secuestran y asesinan al estilo sicariato.

El incremento del consumo en calles, barrios y aulas de clase determina que cada cuatro de 10 estudiantes aseguran haber visto en sus colegios algún tipo de droga, según la encuesta Niñez y Adolescencia del Observatorio Social. Además, revela que el 10% de menores ha probado una sustancia ilícita. En ciudades como Esmeraldas, Quevedo, Guayaquil, Babahoyo, Portoviejo, Duran, Quito y Manta, según la Policía Nacional, el consumo inicia a los 11 años, como consecuencia de esto hay un alto índice de menores asesinados en los últimos cinco años: los homicidios intencionales de adolescentes aumentaron en un 500%.

Ante este panorama, donde los jóvenes son los más afectados, se deben incrementar políticas públicas para atender con seriedad y responsabilidad esta problemática que ha tornado una sociedad pacifica en una violenta, con un tejido social afectado y unas mafias con mayor presencia y poder. Este problema debe entenderse desde varios puntos de vista como: el educativo, salud pública y criminalidad, lo que nos permitirá revertir esas políticas nefastas del gobierno correísta, que pactaron con las bandas criminales locales (Latin King y Ñetas), quienes justamente dominan el negocio del microtráfico. Solo a partir de 2023, el presidente Daniel Noboa eliminó esta tabla de consumo, que estuvo 10 años en vigencia, y fue defendida por la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, en el debate presidencial de la primera vuelta. Las consecuencias para nuestra juventud y sociedad son evidentes, por eso los ecuatorianos debemos exigir programas efectivos en todos los niveles para decir NO a las drogas y de esta manera ir sanando a la sociedad y recomponiendo el tejido social para alcanzar niveles de convivencia, seguridad, educación y salud pública adecuados.