La concesión de la explotación del campo Sacha a un consorcio extranjero ha generado interrogantes sobre los beneficios económicos para el Estado y si la cifra ofrecida por la empresa privada supera lo que actualmente genera Petroecuador.
Petrolia, una de las compañías del consorcio adjudicatario, confirmó que con una participación estatal de entre el 12,5 % y 26,5 %, Ecuador recibiría USD 3 518 millones en 20 años.
“Nosotros podemos tener en algún momento como consorcio el 80 % de la participación, el Estado el 20 %. Pero del 80 %, el consorcio tiene que cubrir todos los gastos operacionales, todas las inversiones que se requieran y pagar todos los impuestos”, explicó a Ecuavisa Ramiro Páez, gerente general de Petrolia Ecuador.
Trabajadores: Petroecuador podría generar USD 12 000 millones
Desde la Asociación de Trabajadores de Energía y Petróleo (Antep), los cálculos son muy distintos. Según su análisis, Petroecuador ya genera USD 1 400 millones anuales, lo que significaría que, sin concesionar el campo, el Estado podría recibir USD 12 000 millones en dos décadas.
“El valor de nuestras reservas actuales en el subsuelo es de USD 14 000 millones. Puestas en superficie, nos entregarían esa misma cantidad en ingresos. El costo de extraerlas ronda los USD 2 000 millones“, afirmó David Almeida, secretario de Antep.
Petrolia eleva la proyección a USD 10 612 millones
El consorcio sostiene que, además de los USD 3 518 millones directos, el Estado sumará USD 7 094 millones en renta petrolera, que incluye impuestos, pagos a municipios y costos de transporte, totalizando USD 10 612 millones en 20 años.
“Este es uno de los montos más altos que tendrá Ecuador en cuanto a participación petrolera. Al final, el Estado obtendrá el 80 % de la renta neta, más de USD 10 000 millones”, señaló Páez.
Sin embargo, los trabajadores cuestionan la cifra, pues sostienen que ese monto no consta en las actas de negociación y que lo negociado sigue siendo inferior a los USD 12 000 millones que generaría Petroecuador si siguiera operando Sacha.
El debate sigue abierto. Mientras el Gobierno y el consorcio defienden la concesión como una estrategia para maximizar la renta petrolera, los trabajadores alertan que el Estado podría recibir menos de lo que ya genera Petroecuador. La clave estará en los términos exactos del contrato y en cómo se distribuyan los ingresos en los próximos años.
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