La constitucionalista Ana Karen Gómez Orozco advirtió sobre los riesgos de que la figura de la violencia política de género sea utilizada como un mecanismo de presión en el ámbito electoral ecuatoriano. En una entrevista con Contacto Directo, Gómez señaló que si bien la tipificación de esta infracción en el Código de la Democracia data de 2020, los fallos contradictorios del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) generan dudas sobre la aplicación equitativa de la norma.

Según cifras del TCE, en cinco años se han registrado aproximadamente 60 denuncias por violencia política de género, pero menos de diez han resultado en una sentencia condenatoria. Para Gómez, esto demuestra que no hay un abuso sistemático de la figura, pero sí la necesidad de establecer parámetros claros en su aplicación. “El Tribunal Contencioso Electoral marca sus propias reglas para la jurisprudencia y por eso es fundamental que actúe con responsabilidad”, afirmó la especialista.

La constitucionalista también explicó que la violencia política de género no es un delito penal, sino una infracción electoral tipificada en el artículo 280 del Código de la Democracia. Sin embargo, cuestionó la falta de un órgano investigativo que garantice un proceso adecuado, ya que actualmente la carga probatoria recae en la persona denunciante y solo quienes tienen los recursos pueden llevar sus casos hasta el TCE.

Uno de los temas que más polémica ha generado es la interpretación de ciertos términos como ofensivos y constitutivos de violencia política. Gómez mencionó el reciente caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien fue sancionado por llamar “niña vaga” a la asambleísta Lucía Jaramillo. La experta explicó que, si bien la palabra “vaga” en sí misma no necesariamente configura una infracción, el uso de “niña” puede considerarse un intento de disminuir a la mujer en función de su género. “La cultura guayaquileña usa el término ‘niña’ como una muletilla, pero en este caso no se demostró en audiencia que fuera una expresión común y no una forma de descalificación basada en género”, puntualizó.

Finalmente, Gómez resaltó la necesidad de un debate profundo sobre el alcance de la violencia política de género en Ecuador. Si bien es esencial proteger a las mujeres de ataques que busquen relegarlas del espacio público, también es fundamental que esta figura no se convierta en un “comodín” para presionar políticamente o sancionar a adversarios sin pruebas contundentes. “No toda crítica hacia una mujer es violencia política de género, y las políticas también deben estar sujetas al escrutinio público como cualquier actor en la esfera electoral”, concluyó.