El presidente Daniel Noboa firmó la noche del lunes 3 de marzo el Decreto 552, con el cual extiende por 30 días adicionales el estado de excepción en siete provincias, el Distrito Metropolitano de Quito y un cantón de Azuay. La medida busca fortalecer la lucha contra la violencia y la criminalidad en el país.

Las provincias bajo esta declaratoria son Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, además del Distrito Metropolitano de Quito (Pichincha) y el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay). El gobierno justifica la prórroga debido a la grave conmoción interna que atraviesa Ecuador.

Objetivos del estado de excepción

Según el decreto, la medida pretende garantizar el orden público, la paz social y la seguridad de los ciudadanos. Además, el documento especifica la restricción de ciertos derechos, como la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, así como limitaciones en la libertad de tránsito.

El gobierno ha ordenado la notificación de esta decisión a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Aumento de la violencia en Ecuador

Las cifras del Ministerio del Interior reflejan el complejo panorama de seguridad en el país. En enero de 2025, Ecuador registró 781 homicidios, un incremento significativo frente a los 505 casos de 2024 y los 534 de 2023, año en que el país alcanzó la mayor tasa de muertes violentas en América Latina.

Aunque en febrero de 2024 las muertes violentas bajaron a 387 tras la declaración de “conflicto armado interno”, los homicidios volvieron a aumentar progresivamente, superando los 600 en junio y los 700 en diciembre, pese a las medidas de excepción aplicadas en las zonas con mayor incidencia delictiva.

Estrategia contra la criminalidad

Para combatir a los grupos delictivos dedicados al narcotráfico, extorsiones y minería ilegal, el gobierno ha recurrido a sucesivos estados de excepción y a la intervención de las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad, incluyendo la militarización de cárceles controladas por bandas criminales.

A pesar de estas medidas, la violencia persiste, obligando al Ejecutivo a mantener el estado de excepción en un esfuerzo por contener la crisis y devolver la seguridad a los ecuatorianos.