La empresa estatal Petroecuador tiene hasta marzo de 2025 para recuperar $15 millones que fueron desembolsados de manera irregular a 96 trabajadores, según lo dispuesto por la Corte Constitucional (CC). El alto tribunal anuló las sentencias que favorecían a estos empleados y ordenó investigar a los jueces involucrados en el caso.

El conflicto se originó en 2022, cuando un grupo de trabajadores interpuso una acción de protección, argumentando que no habían sido contratados como servidores públicos regulares, lo que supuestamente afectó sus derechos laborales. En consecuencia, dos jueces fallaron a su favor:

🔹 Jorge Pinos Galindo (Atacames) ordenó su reintegro e indemnización.
🔹 Clever Salcedo determinó que se debían pagar $30 millones en un plazo de cinco días.

Como resultado de estas decisiones, el 9 de enero de 2023, Petroecuador desembolsó $15 millones. Sin embargo, en noviembre de 2024, la Corte Constitucional revocó estas sentencias al considerar que la acción de protección fue utilizada de forma indebida para otorgar beneficios laborales, algo que debía resolverse en el ámbito contencioso-administrativo.

Ahora, la empresa deberá informar sobre las gestiones realizadas para recuperar el dinero, ya sea a través de acuerdos con los trabajadores o mediante acciones legales. La Fiscalía General del Estado también analizará si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra los jueces involucrados, mientras que el Consejo de la Judicatura evaluará posibles sanciones contra magistrados de la Corte de Esmeraldas que negaron la apelación de Petroecuador.

Petroecuador ha reiterado su compromiso con la recuperación de estos fondos y advirtió que, si no se devuelve el dinero dentro del plazo establecido, se tomarán medidas legales.