La Comisión de Fiscalización y Control Político, este miércoles 26 de febrero, en el marco de la fiscalización al proceso de concesión del campo Sacha (Bloque 60) a un consorcio del cual participa la empresa Sinopec, recibió al procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, quien explicó que no tiene facultad para ejercer el control previo de legalidad sobre los contratos que negocian las entidades estatales.

Recordó que a partir de la expedición de la Ley de Contratación Pública se eliminó el control previo de legalidad como parte de las funciones de la Procuraduría General del Estado, pues dijo que únicamente puede pronunciarse sobre una posible cláusula respecto de arbitraje internacional o el sometimiento a una ley extranjera, una vez se ha negociado el contrato. Añadió que hasta el momento no ha recibido ninguna consulta en torno a la cláusula arbitral en un contrato sobre la concesión de un campo petrolero en específico.

Al ser consultado sobre las responsabilidades que podrían enfrentar los funcionarios que suscriban contratos contrarios a la ley, el Procurador indicó que este hecho acarrearía responsabilidades administrativas, civiles y, de ser el caso, inclusive de  carácter penal.

De su lado, los representantes del Frente de Defensa Petrolero del Ecuador reiteraron que la concesión del campo Sacha, en los términos que se han dado a conocer por algunos medios, causaría una afectación a los intereses del país, por más de mil seiscientos millones de dólares. Anunciaron que solicitarán un acto urgente a través de la Fiscalía, para evitar que se pueda consumar esta concesión.

Mientras, Marcela Reinoso, exgerente de Petroecuador, dijo que llama la atención que se haya omitido la certificación de reservas del campo Sacha, cuya valoración sería de 14 900 millones de dólares y lo que se espera recibir por la concesión alcanzaría 6 000 millones de dólares. Así mismo, indicó que no se ha demostrado la falta de capacidad técnica u operativa de Petroecuador, que sería la justificación para delegar su explotación a una empresa estatal de otro país, como manda la ley.

Auri Cotacahi, de la Plataforma Va Por ti Ecuador, que representa a nueve organizaciones sociales, subrayó que el Acuerdo Ministerial suscrito por la ministra Inés Manzano, en noviembre de 2024, fue emitido sin contar con el informe técnico de Petroecuador, para justificar la delegación o concesión del campo Sacha.

Las organizaciones solicitaron que la comisión revise toda la documentación que ellos han podido recabar en torno a esta temática y se pida información oficial a las autoridades para que respondan en torno a las irregularidades que fueron detectadas en el proceso de concesión del campo Sacha.   

Finalmente, ante la ausencia de la ministra de Energía, Inés Manzano, la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, dispuso se haga una última convocatoria, tomando en cuenta lo establecido en el inciso quinto, del artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que determina como causal de juicio político la negativa de un funcionario de comparecer ante una de las comisiones especializadas.