El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) expresó su respaldo a la resolución aprobada por la Asamblea Nacional, que establece la responsabilidad política del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, por el incumplimiento de sus funciones en el caso de la desaparición forzada y posterior fallecimiento de cuatro niños en el sector de Las Malvinas.

Este martes 25 de febrero, la Asamblea ratificó la resolución tras el proceso de fiscalización realizado por la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes.

CDH: Un paso hacia la justicia

A través de un comunicado, el CDH destacó que esta decisión representa un avance en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias, en lo que calificó como una grave violación de derechos humanos ocurrida durante el estado de excepción y atribuida a patrullas militares.

El organismo cuestionó la postura del ministro de Defensa ante el caso, señalando que su respuesta fue estigmatizante y revictimizante hacia los menores y sus familias. Además, afirmó que la autoridad minimizó la gravedad de los hechos.

“El ministro ha demostrado incapacidad, inexperiencia y desconocimiento sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, así como de las obligaciones reforzadas que tienen en la protección de grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes”, señala el documento.

Graves denuncias sobre desapariciones forzadas

El CDH también alertó sobre la existencia de al menos 27 casos de desapariciones forzadas bajo la gestión del actual ministro de Defensa. Según el organismo, la Fiscalía investiga además más de una docena de presuntas ejecuciones extrajudiciales y diversos casos de tortura.

Asimismo, denunció que el Ministerio de Defensa ha obstaculizado algunas investigaciones al declarar como reservada y confidencial la información sobre los operativos militares relacionados con desapariciones forzadas.

Llamado a un enfoque técnico y coordinado

En su pronunciamiento, el CDH enfatizó la necesidad de implementar estrategias firmes y planificadas para combatir el crimen organizado. Subrayó la importancia de fortalecer la articulación entre instituciones públicas, incluyendo a las Fuerzas Armadas, y garantizar un adecuado direccionamiento técnico en sus acciones para evitar su uso con fines políticos.