La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este martes 25 de febrero, arrancó el proceso de fiscalización en torno a las presuntas irregularidades en el expendio de diésel en los segmentos automotor e industrial, a través del Centro de Distribución Río Verde, ubicado en Pascuales, caso que involucraría a Santiago Noboa Azín, hermano del presidente de la República, Daniel Noboa.

El organismo legislativo recibió al denunciante, el excandidato presidencial Pedro Granja, quien ratificó que presentó la denuncia en la Fiscalía para que se inicie la indagación pertinente, con 128 documentos de respaldo. Advirtió que teme por su vida porque se trata de un tema que habría causado un perjuicio que supera los cuatro millones de dólares.

Indicó que la empresa Petronoboa S.A.S adquirió 97 mil galones de diésel del segmento industrial y, sin embargo, declara que vendió más de tres millones de galones, lo cual demostraría que posiblemente se utilizó el diésel del segmento automotor, cuyo precio es subsidiado, para entregarlo como combustible industrial, con un grave perjuicio a los intereses del país. Añadió que seguirá investigando este tema y estará pendiente de las acciones que realice la Fiscalía.

De su lado, el asambleísta Leonardo Berrezueta presentó una línea de tiempo desde la creación de la empresa de propiedad de Santiago Noboa, pocos días después de que su hermano, Daniel Noboa, asumiera la Presidencia de la República. Se han realizado aumentos de capital; luego el señor Noboa renunció a la dirección de la empresa, pero sigue siendo el dueño de esa compañía, que tiene entre sus principales clientes a otras empresas del grupo Noboa.

Berrezueta alertó que se habrían cometió varios delitos, entre ellos, tráfico de influencias; tráfico de combustibles; y, evasión tributaria, esto último porque la empresa Petronoboa pidió al Servicio de Rentas Internas (SRI) se anulen más de seis mil facturas, un hecho que llama la atención cuando esa entidad a cualquier ciudadano le dan largas para atender cualquier requerimiento, más si se trata de anular una factura ya emitida.

Los integrantes de la Comisión de Justicia lamentaron la inasistencia de las autoridades del sector hidrocarburífero y del SRI, quienes tienen que responder al país muchas preguntas en torno a las presuntas irregularidades, que se habrían presentado en la comercialización de combustibles, a través del Centro de Distribución Río Verde.