Tras comprobarse la existencia de una estructura delictiva dentro del sistema judicial de Guayas, la Procuraduría General del Estado (PGE) ha solicitado al Tribunal de Juicio el pago de una reparación integral de $733.205,32. Esta petición se realizó en el marco del Caso Purga, donde se determinó que un grupo de líderes y colaboradores operaban para manipular fallos judiciales en beneficio propio y de terceros, obteniendo así ganancias económicas ilícitas.
La solicitud fue presentada el jueves 20 de febrero por la abogada de la PGE, María José Dalgo, durante su alegato final en el juicio contra trece procesados por delincuencia organizada. Según la Fiscalía, esta estructura delictiva estaba conformada por tres líderes y diez colaboradores que manejaban la justicia en la provincia con el objetivo de garantizar sentencias favorables y asegurar impunidad.
Penas solicitadas para los implicados
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, solicitó penas agravadas para los cabecillas de la red:
- Pablo Muentes (asambleísta),
- Fabiola Gallardo (expresidenta de la Corte del Guayas)
- Johann Marfetán (exjuez penal del Guayas)
Para ellos, la Fiscalía pidió trece años y cuatro meses de prisión.
En cuanto a los siete colaboradores, entre quienes se encuentran exjueces, un coronel del Ejército y un exfuncionario judicial, se solicitó una pena de nueve años y cuatro meses de prisión, ya que ocupaban cargos públicos al momento de cometer los delitos.
Por otro lado, dos acusados que colaboraron con la investigación (Alberto Ramos L.T. y Ruth Catalinas S. P.) recibirían una sentencia reducida de un año y cuatro meses de cárcel, mientras que Fausto A., primo de Pablo Muentes, enfrentaría siete años de prisión.
Reparación económica y distribución de pagos
La Procuraduría respaldó la solicitud de penas hecha por la Fiscalía y además propuso una reparación económica para compensar el daño causado. Esta se fundamenta en tres eventos principales:
- Banco del Pacífico: Se determinó un pago de $526.205,32, monto que cubriría los honorarios de abogados externos que representaron a la institución en procesos vinculados con Muentes y su esposa.
- Cuerpo de Ingenieros del Ejército: Se fijó una reparación de $7.000, suma que corresponde a fondos extraídos ilícitamente por la procesada Ruth S. P.
- Caso Tierras: Se estableció un monto de $200.000, calculado en base a criterios utilizados en casos previos de delincuencia organizada como Las Torres y Hospital Pedernales.
El total de la reparación de $733.205,32 deberá ser abonado a la cuenta de la Procuraduría General del Estado.
Otras medidas solicitadas
Además de la sanción penal y la reparación material, la PGE solicitó medidas simbólicas como:
- Publicación de la sentencia en tres periódicos de mayor circulación y en sitios web de entidades públicas.
- Disculpas públicas de los sentenciados, transmitidas en redes sociales y medios nacionales.
- Instalación de placas conmemorativas en la Corte Provincial de Justicia del Guayas y en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Multas y retención de bienes
El fiscal Wilson Toainga pidió además la aplicación de multas de 40 Salarios Básicos Unificados (SBU) ($18.800) para los líderes y 20 SBU ($9.400) para los colaboradores. También se solicitó mantener la prohibición de enajenar bienes y la retención de fondos en el sistema financiero nacional hasta completar los montos exigidos.
Siguientes pasos
Concluidos los alegatos finales, el Tribunal de Juicio deberá deliberar y emitir su sentencia. El caso sigue en el ojo público por su impacto en el sistema judicial de Guayas y la lucha contra la corrupción en el país.
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