México vive un momento crítico tras la declaración de Estados Unidos y Canadá, que catalogó a seis cárteles mexicanos como grupos terroristas, incluyendo al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta decisión ha generado una respuesta inmediata por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció reformas constitucionales para proteger la soberanía nacional, asegurando que el combate al narcotráfico se llevará a cabo en coordinación con el gobierno mexicano y no a través de injerencias extranjeras.

Israel Navarro, analista político, señala que la postura de la presidenta refleja una dualidad: por un lado, se muestra dispuesta a colaborar con Estados Unidos en la lucha contra las organizaciones criminales, pero, por otro, defiende la independencia de México frente a presiones externas. Navarro destaca que esta situación podría ser tanto una amenaza como una oportunidad para mejorar la cooperación bilateral, especialmente ante la creciente violencia narcoterrorista que ha afectado al país durante años.

Además, el analista subraya que, aunque el gobierno de Sheinbaum está tomando acciones más decisivas que en la administración anterior, todavía persisten las dudas sobre los nexos entre el partido oficialista y los cárteles. La presión internacional, combinada con la creciente violencia interna, pone a México en una encrucijada, donde la lucha contra el narcotráfico se entrelaza con el desafío de mantener la soberanía nacional.

Con la expectativa de una posible escalada en la violencia, las organizaciones criminales en México podrían replantear sus estrategias en respuesta a estas amenazas. La situación requiere una vigilancia constante, ya que cualquier reacomodo interno entre los cárteles podría intensificar el conflicto en el país.