Ecuador está atravesando por una crisis política, de seguridad y corrupción sin precedentes. Todo esto no le permite avanzar y concretar su desarrollo económico, comercial, tecnológico, social y educativo, y le va relegando con los otros países de la región.
En Ecuador se mueven inmensos capitales del crimen organizado internacional, equivalente al 30% del PIB nacional, según el embajador de Italia, Giovanni Davoli en un encuentro internacional de esta semana en Quito. Este país tiene niveles de violencia muy altos -solo para citar un ejemplo, de enero al 14 de febrero de 2024 se registraron 1.091 homicidios intencionales-, y se ha convertido en el mayor centro de acopio y de tráfico de drogas hacia los EE.UU. y Europa.
Es un escenario nada halagador que está deteriorando las estructuras del mismo Estado y de su población. A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional parece que los resultados son imperceptibles, especialmente para los ciudadanos que son víctimas de la delincuencia, extorsión, secuestro y violencia. Por lo tanto, es indispensable considerar estrategias y decisiones de mayor connotación para frenar esta situación compleja.
El crimen trasnacional opera con sus redes y organizaciones criminales en forma global y en Ecuador debido a las condiciones actuales, es eje estratégico importante para sus operaciones. Estos factores que no solo son internos, sino externos y cuyos efectos especialmente del narcotráfico internacional lo están padeciendo en Latinoamérica, EE.UU., Europa y otras regiones del mundo.
Para derrotar a las mafias, es necesario contar con el apoyo y cooperación internacional, considerando que el Gobierno del presidente, Donald Trump, declaró a los carteles de la droga: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, Cartel del Noreste, Carteles Unidos, Mara Salvatrucha 13, Tren de Aragua y Cartel del Golfo, como organizaciones terroristas. Lo mismo hará el Gobierno de Canadá y quizá en un futuro no lejano la Unión Europea.
Ante este contexto global, la guerra contra las drogas va en serio por parte de las potencias mundiales.
Ecuador tiene una economía pequeña y no podría por si solo derrotar a estas mafias internacionales con gran poder de organización, logística y económica. Por ello, se requiere del apoyo y cooperación internacional como base medular para esta lucha, en especial en asesoramiento y capacitación seguridad, fortalecimiento de capacidades operacionales de inteligencia, de ciberseguridad y logísticas para las instituciones del Estado. También dotación de nuevas tecnologías y sistemas de Inteligencia Artificial, marco normativo y legal a nivel regional y mundial para el control de aduanas, financiero y de movilidad humana.
El presidente Daniel Noboa ha pedido a la Asamblea Nacional que autorice la presencia de Fuerzas Especiales internacionales en apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano para el combate a la inseguridad y a las actividades narco terrorista en el territorio nacional. Pero es complejo, porque son necesarios convenios de cooperación en ese sentido con los países que deseen apoyar, además de protocolos engorrosos como el ingreso de armas y equipos, sostenimiento operacional, así como brindar amparos diplomáticos e inmunidades a los soldados de las fuerzas internacionales.
En Colombia, pese a la crisis compleja que vivieron en la década de los 90, no hubo la presencia de fuerzas internacionales operativas, sino el asesoramiento, capacitación, equipamiento e información, entre otras actividades.
Las decisiones que se tomen sobre este tema no deben parecer desesperadas, sino más bien planificadas, coherentes, oportunas y realizables. Además de la confianza en sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que vienen ejecutando incansablemente las operaciones contra los grupos narco terroristas y delincuenciales.
En esta encrucijada y en medio del contexto internacional, Ecuador no puede perder el tiempo ni tampoco equivocarse con el sistema político que debe gobernarnos, porque el tablero geopolítico se está reorganizando y de acuerdo a las tendencias nos vamos ubicando entre países con sistemas democráticos o autoritarios; entre economías abiertas o estatizantes; en políticas públicas para todos por igual o progres; en libertad de expresión o censura; entre respeto a los derechos humanos o violación de derechos fundamentales; entre la alternancia del poder político o dictaduras perpetradas en ese poder; entre ser parte bloque económicos que permiten el libre mercado o ser del club de los países con gobiernos progresistas y socialistas del siglo XXI. Todo esto consecuencias que serán positivas o negativas para el futuro y desarrollo de nuestro país.
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