El fiscal subrogante Wilson Toainga concluyó sus alegatos en la Corte Nacional de Justicia en Quito por el Caso Purga y solicitó una condena de 13 años y cuatro meses de prisión contra el exasambleísta Pablo M., por el presunto delito de delincuencia organizada. 

La entidad señaló al exlegislador del Partido Social Cristiano de ser el posible cabecilla de una estructura delictiva que operaba dentro de la Corte Provincial del Guayas para manipular decisiones judiciales y obtener beneficios personales. 

Pablo M. es acusado como autor directo, junto a la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola G. y el exjuez de la Sala Penal del Guayas, Johan M., quien ya había sido condenado previamente a nueve años y cuatro meses de prisión en el Caso Metástasis.

La Fiscalía indicó que Pablo M. habría obtenido beneficios en su patrimonio mediante el abuso de decisiones judiciales y habría participado en la presunta manipulación de procesos como “Banco del Pacífico”, “Tierras”, “Cuerpo de Ingenieros del Ejército” y en supuestas acciones en favor de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). 

Por su parte, la exjueza Fabiola G. habría colaborado con Pablo M. para presuntamente llegar a la presidencia de la Corte Provincial del Guayas, con la ayuda de la relacionista pública Mayra Salazar. Esta última fue testigo de la Fiscalía en el caso y fue condenada previamente por delincuencia organizada en el Caso Metástasis. 

El juez Johan M. habría manipulado un proceso judicial para que el Banco del Pacífico le pague USD 3,9 millones a Pablo M. y su esposa, mediante el uso de presuntos documentos falsos. 

Para los cómplices, Reinaldo C., Henry T., Nelson P., Saúl M., Guillermo V., Juan R. y Andrea P., la Fiscalía solicitó una condena de nueve años y cuatro meses de privación de libertad. Para Alberto L. y Ruth S., por su cooperación eficaz, se pidió una sentencia de un año y cuatro meses.