Las campañas electorales en Ecuador no solo reciben financiamiento del presupuesto público del Estado, sino que también se nutren de importantes recursos provenientes de los gobiernos seccionales.

Las últimas elecciones presidenciales han estado marcadas por denuncias sobre el uso indebido de bienes públicos y fondos fuera del marco del presupuesto de promoción electoral asignado por el Consejo Nacional Electoral.

Estas denuncias deberán ser procesadas y será el Tribunal Contencioso Electoral el encargado de determinar si efectivamente se utilizaron estos recursos de manera ilegal. Sin embargo, también han surgido cuestionamientos sobre la participación de actores políticos vinculados a gobiernos seccionales que responden a los intereses de uno de los candidatos en la segunda vuelta electoral.

Los últimos meses han sido particularmente conflictivos en ciudades como Quito y Guayaquil. Recientemente, un funcionario de la Alcaldía de Quito, administrada por Pabel Muñoz, fue captado leyendo de manera apresurada la normativa sobre infracciones electorales en un mercado de la ciudad. Este incidente rápidamente se viralizó en redes sociales, sumándose a otras controversias, como el cruce de declaraciones entre el alcalde de Guayaquil y un asambleísta electo.

Este tipo de acciones desvían la atención y el tiempo de nuestras autoridades, recursos importantes y que deberían destinarse a supervisar por ejemplo, el cumplimiento de obras esenciales como la repavimentación de ambas ciudades, pero seguimos cayendo en huecos y regresando a casa con llantas reventadas. Sin embargo, estas responsabilidades parecen quedar en un segundo plano, mientras se prioriza la defensa de intereses partidistas y la ocupación del espacio público con propaganda electoral.

La falta de un código de ética para las autoridades electas es preocupante. Si bien no debería ser necesario tipificar cada conducta, la incapacidad de algunos funcionarios para equilibrar su rol administrativo con su participación como miembros de un partido político, ha generado un punto crítico. Han descuidado su compromiso con la ciudadanía y el respeto por las ciudades que administran, teniendo como resultado ciudades que se hunden entre malos servicios y propaganda electoral.

Es urgente que nuestras autoridades sean llamadas a rendir cuentas. La permisividad ante estas prácticas solo contribuye a su repetición, afectando la institucionalidad y la confianza en la gestión pública.