La Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó a seis personas en la investigación por presunto peculado en la contratación de una póliza de seguros en Petroecuador, cuyo monto supera los 98 millones de dólares.

Una jueza dictó medidas cautelares para los procesados: cinco de ellos deberán presentarse periódicamente y tienen prohibido salir del país, mientras que el sexto implicado, residente en Estados Unidos, deberá comparecer ante las autoridades de ese país.

Un proceso lleno de trabas judiciales

El caso ha sufrido constantes retrasos. La formulación de cargos contra cinco funcionarios de Petroecuador ocurrió el 6 de febrero de 2024, pero la audiencia de vinculación solicitada por la Fiscalía se postergó siete veces debido a recusaciones de jueces y pedidos de diferimiento por parte de las defensas.

Finalmente, la audiencia se instaló el 9 de febrero de 2025, continuó el 13 de febrero y fue nuevamente suspendida.

Además de los aplazamientos, el proceso enfrenta una acción constitucional presentada el 20 de diciembre de 2024 por uno de los procesados. La medida, insólitamente aceptada por un juez especializado en violencia intrafamiliar en Guayaquil, ordenó el cierre de la instrucción fiscal.

La Fiscalía apeló de inmediato, señalando que la Corte Constitucional (CC) ya ha establecido que este tipo de medidas no son procedentes en procesos penales.

¿Intento de frenar la investigación?

Ante las múltiples trabas, la FGE expresó su preocupación y denunció que existe una clara intención de obstaculizar el proceso.

“Nuestra labor se apega a la Constitución y las leyes. No permitiremos que se imponga la impunidad en un caso de esta magnitud”, indicó la institución.

Finalmente, la Fiscalía hizo un llamado a las entidades judiciales para que garanticen el correcto desarrollo del caso y eviten más dilaciones injustificadas.