La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, presentó el 12 de febrero una “notitia criminis” en la Fiscalía de Esmeraldas, solicitando la apertura de una investigación por el presunto delito de actos de odio. La denuncia está dirigida contra los periodistas Carlos Vera y Martín Pallares, así como contra el presidente de la República, Daniel Noboa.

Según Cabezas, los comentarios de los comunicadores y del mandatario han generado un “mayor fraccionamiento” en regiones donde la Revolución Ciudadana obtuvo una mayoría en las elecciones del 9 de febrero. “Eso no los convierte en delincuentes”, enfatizó.

La asambleísta presentó dos documentos: uno sobre los comentarios de los periodistas y otro sobre las declaraciones de Noboa. En su exposición, detalló que Luisa González, candidata de su movimiento, obtuvo más votos que Noboa en varias provincias de la Costa: Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro.

Cabezas cuestionó una entrevista realizada el 9 de febrero en la que Pallares sugirió que “la realidad geográfica del narcotráfico y las votaciones” podría estar relacionada. Vera, por su parte, añadió que la incidencia del narcotráfico es más alta en las provincias donde González ganó con mayor margen. Para la asambleísta, estos comentarios contienen un “sesgo regionalista” que debe ser investigado.

En cuanto a Noboa, la denuncia se basa en una entrevista del 11 de febrero en la que el mandatario afirmó haber entregado pruebas a la OEA sobre presuntas amenazas a votantes por parte de grupos vinculados a la Revolución Ciudadana. Cabezas señaló que la misión de observación de la OEA desmintió la existencia de fraude electoral.

“Se está estigmatizando territorios y generando discursos discriminatorios”, advirtió Cabezas, quien pidió que la Fiscalía convoque a Noboa para que presente las pruebas mencionadas.

Reacciones y contexto legal

Carlos Vera calificó la denuncia como un intento de “criminalizar la opinión contraria” y aseguró que busca intimidar a quienes critican al correísmo. Hasta el momento, Pallares no se ha pronunciado.

El Gobierno tampoco ha emitido una declaración oficial sobre la denuncia presentada por Cabezas.

El artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica los actos de odio y establece penas de uno a tres años de prisión para quienes cometan violencia física o psicológica por razones de etnia, ideología, orientación política u otros factores. Si los actos resultan en heridas o muerte, las sanciones pueden aumentar hasta 26 años de cárcel.