Amnistía Internacional (AI) lanzó una alerta urgente: 23 personas han desaparecido en Ecuador tras operativos militares en 2024, y la Fiscalía aún no actúa. En una carta dirigida a la fiscal general Diana Salazar, la organización pidió una “búsqueda exhaustiva” e investigaciones bajo la figura de desaparición forzada.

Entre los desaparecidos hay cinco menores de edad y las denuncias apuntan directamente a miembros del Ejército. Las desapariciones ocurrieron en las provincias de Los Ríos, Esmeraldas y Guayas, todas bajo estado de excepción desde que el presidente Daniel Noboa declaró el “conflicto armado interno” contra el crimen organizado.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) identificó un patrón de desapariciones durante operativos militares, recordando el caso que conmocionó al país: cuatro niños afroecuatorianos fueron detenidos por militares y luego encontrados asesinados.

La ONU ya ha emitido acciones urgentes para que Ecuador busque a los desaparecidos y proteja a sus familias, mientras organizaciones como Human Rights Watch denuncian ejecuciones extrajudiciales y torturas en el marco de la guerra contra el crimen.

A pesar de las crecientes denuncias, la Fiscalía ha calificado estos casos como “desapariciones involuntarias”, evitando reconocerlas como desapariciones forzadas, lo que contradice tratados internacionales firmados por Ecuador.

¿Responderá el gobierno a esta presión internacional o seguirá el silencio oficial?