La jueza Nubia Vera, quien falló a favor de Verónica Abad en diciembre de 2024, acudió el 12 de febrero al Ministerio del Trabajo para verificar la colocación de una placa en cumplimiento de su sentencia. Sin embargo, se encontró con el edificio cerrado, lo que generó cuestionamientos sobre el acatamiento del fallo.

Vera había ordenado la reincorporación inmediata de Abad a la Vicepresidencia de la República, tras dejar sin efecto el sumario administrativo que la suspendía del cargo. Sin embargo, la defensa de Abad denunció que la sentencia no se ha cumplido y solicitó sanciones contra la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, por presunto desacato.

Disputa por el cumplimiento de la sentencia

Durante la diligencia, Vera encontró que la placa requerida estaba instalada, pero poco visible. Según la jueza, el texto debía garantizar el respeto a la Constitución, tratados internacionales y derechos de servidores públicos y trabajadores.

Por su parte, la ministra Núñez explicó que el edificio permanecía cerrado por desinfección desde la noche del 11 de febrero, y que el personal trabajaba en otra sede.

La abogada de Abad, Dominique Dávila, pidió multas diarias contra Núñez y otras autoridades, además de remitir el caso a la Corte Constitucional y a la Fiscalía, argumentando un incumplimiento de más de 40 días.

Ministra del Trabajo denuncia a jueza Nubia Vera

Horas antes de la inspección, Núñez presentó una denuncia de 130 páginas ante el Consejo de la Judicatura, solicitando la suspensión de Vera. La ministra acusó a la jueza de violar derechos y garantías constitucionales, actuar con negligencia manifiesta y mostrar una animadversión contra el presidente Daniel Noboa.

En la denuncia, Núñez también cuestionó que Vera incluyera en su fallo a instituciones y autoridades que no eran parte procesal, como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana. Además, criticó que la jueza haya modificado la sentencia en tres ocasiones.

“La jueza está utilizando la acción de protección con fines políticos, lo que pone en riesgo la estabilidad democrática del país”, señaló Núñez.

Mientras el caso avanza en el Consejo de la Judicatura, el cumplimiento de la sentencia sigue en disputa, y el conflicto entre Abad y el Ejecutivo se mantiene en el centro del debate político.