Los ministerios de Defensa y del Interior solicitaron este martes 11 de febrero de 2025 a un tribunal que revoque el habeas corpus concedido en el caso de los cuatro menores desaparecidos y hallados calcinados en Taura. La jueza Tanya Loor había declarado que la desaparición fue forzada y bajo responsabilidad del Estado.

En diciembre de 2024, Ismael y Josué Arroyo (15 y 14 años), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) fueron reportados como desaparecidos en el barrio Las Malvinas, sur de Guayaquil. Ocho días después, sus cuerpos fueron encontrados calcinados en una zona agreste de Naranjal.

Según testimonios, la noche del 8 de diciembre, 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) detuvieron a los menores tras una alerta de asalto. Los subieron a una camioneta y, según la versión de los soldados, los llevaron a Taura, donde supuestamente los liberaron. Después de eso, su rastro se perdió.

Ante la falta de respuestas, los padres de los menores interpusieron una acción de habeas corpus, y la jueza Loor determinó que hubo una desaparición forzada con responsabilidad del Estado. Además, ordenó activar protocolos de búsqueda y exigió disculpas públicas del Ministerio de Defensa.

Ahora, el Gobierno argumenta que la jueza excedió sus competencias y que la responsabilidad del Estado debe ser determinada en el ámbito penal, no en un habeas corpus. La abogada del Ministerio del Interior, Jessica Vergara, sostuvo que la jueza adelantó «bases de una imputación penal» que no le corresponden.

El abogado Fernando Bastias, representante de los familiares, rechazó el pedido del Gobierno y acusó a las autoridades de querer excluir la responsabilidad del Estado y de los 16 militares procesados.

• «Esta apelación es un mensaje de impunidad», afirmó Bastias.
• «Si revocan la sentencia, acudiremos a la Corte Constitucional».

El caso ha generado indignación y una creciente presión para que se esclarezca la responsabilidad de los militares y del Estado en la muerte de los menores.