En medio de las Elecciones Generales 2025, un tema de vital importancia para el país ha pasado desapercibido: la conformación del Consejo de la Judicatura, máximo órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, cuyos nuevos integrantes debieron ser posesionados el 29 de enero del presente año.

La demora en el proceso de selección se debe a varios factores, entre ellos, la falta de entrega de la terna correspondiente por parte del Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución de la República en su artículo 179. Asimismo, la crisis institucional que enfrenta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, órgano encargado del proceso de selección del Consejo de la Judicatura, agravada por la reciente destitución de varios de sus miembros, los autodenominados “Liga Azul”, como consecuencia de
una grave infracción electoral.

El retraso del Ejecutivo en la entrega de la terna no tiene una justificación clara, más allá de la conveniencia de mantener a Mario Godoy, su actual presidente, al frente de este organismo.

El actual Consejo de la Judicatura se encuentra prorrogado; es decir, sigue liderado por una persona denunciada por presunta interferencia en la administración de justicia en el caso de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Esta situación empaña aún más la imagen del Consejo de la Judicatura, gravemente afectada por los casos Metástasis, Plaga, Purga, entre otros.

La prórroga del Consejo de la Judicatura conlleva graves peligros. Por un lado, implica un mayor deterioro institucional y, por otro, deja en suspenso temas urgentes que esta instancia debe gestionar, como el Concurso de Méritos y Oposición para completar la Corte Nacional de Justicia, la evaluación de jueces y juezas, y la modernización del sistema de justicia, entre otros.

La ciudadanía no confía en los vocales prorrogados, pues ya estuvieron al frente de un concurso para designar a jueces y juezas de la Corte Nacional, el cual fue declarado nulo debido a un sinnúmero de irregularidades constatadas incluso por la Contraloría
General del Estado.

Es imperativo que las autoridades competentes actúen con celeridad y transparencia para designar a un nuevo Consejo de la Judicatura, garantizando así la independencia y eficiencia del sistema judicial. La estabilidad institucional y la confianza ciudadana en la
justicia dependen de ello.