Ecuador se encuentra en el cuarto lugar de América Latina en percepción de corrupción, con siete de cada diez ciudadanos creyendo que los contratos públicos se obtienen mediante coimas o contactos. Según el Centro Estratégico de Geopolítica, solo en 2021 se lavaron en el país 3.500 millones de dólares, una cifra alarmante que triplica los 10.000 millones blanqueados entre 2007 y 2016. Ante esta realidad, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) plantea estrategias para combatir este problema sistémico.

Andrea Agudelo, jefa regional del área de corrupción y delitos económicos de la UNODC, señaló en entrevista con Contacto Directo que la lucha contra la corrupción requiere un enfoque integral, que involucre a todas las ramas del poder público, la sociedad civil y el sector privado. “Es crucial establecer políticas coordinadas con objetivos medibles a corto, mediano y largo plazo, que sean evaluadas periódicamente para evitar que se queden en simples declaraciones de intención”, afirmó.

Entre las estrategias propuestas, Agudelo destacó la promoción de la ética y la integridad en los funcionarios, asegurando que la transparencia y la rendición de cuentas sean mecanismos efectivos y no solo formalidades. “La información debe ser útil y veraz, no una sobrecarga de datos irrelevantes que confunda a la ciudadanía”, enfatizó.

En el ámbito de la contratación pública, una de las áreas más vulnerables a la corrupción, se han implementado modelos exitosos en otros países, como Chile y Colombia, que utilizan inteligencia artificial para optimizar auditorías y detectar irregularidades en tiempo real. “El uso de tecnología para analizar grandes volúmenes de información y facilitar la interoperabilidad entre instituciones ha demostrado ser una herramienta clave en la prevención de la corrupción”, explicó Agudelo.

La especialista también resaltó la importancia de fortalecer el rol de la Contraloría General del Estado. “Es fundamental revisar los procesos de control para hacerlos más eficientes. Cada país tiene un modelo distinto, pero el análisis de cuentas públicas debe ser constante y no limitarse a auditorías posteriores”, señaló.

Uno de los mayores desafíos es evitar la infiltración del crimen organizado en la contratación pública. Agudelo advirtió que la corrupción está estrechamente relacionada con delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas. “Si no se entienden estas conexiones y se toman medidas para evitar que estos grupos penetren las instituciones, el problema seguirá creciendo”, concluyó.