Como parte de su política de “securitización” y “mano dura” contra la inmigración, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció su intención de utilizar la base naval estadounidense de Guantánamo como centro de detención para personas migrantes.

La base naval de Guantánamo, establecida en Cuba desde 1903 como consecuencia de la oprobiosa Enmienda Platt, fue inicialmente utilizada para el control territorial de El Caribe, así como para entrenamiento y preparación de la flota norteamericana. Sin embargo, tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, se convirtió en una cárcel para acusados o sospechosos de terrorismo, muchos de ellos detenidos sin juicio y sometidos a un régimen de incomunicación.

La denominada “Guerra contra el Terror” trajo consigo graves violaciones a los derechos humanos, con prácticas de tortura, entre ellas, privación del sueño, abuso sexual, descargas eléctricas, exposición al frío, denunciadas en innumerables ocasiones por organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch. Tratos inhumanos, crueles y degradantes sobre los cuales Estados Unidos jamás ha rendido cuentas.

Esta base naval ya es utilizada para la detención de migrantes interceptados en el mar, provenientes principalmente de Cuba y Haití. La orden de Donald Trump busca ampliar este espacio para trasladar a alrededor de 30 mil migrantes indocumentados y, según una de sus órdenes ejecutivas una prioridad será migrantes con antecedentes penales. Lamentablemente, quienes sean enviados a esta base quedarán atrapados en lo que muchos analistas denominan un “agujero negro legal”.

El gobierno de Cuba, junto con organizaciones defensoras de derechos humanos, ha reiterado su rechazo a la presencia militar estadounidense en la isla, que viola abiertamente su soberanía nacional, y ha exigido la devolución de los 117 kilómetros cuadrados bajo control de los EE.UU. y el cierre de esta cárcel militar debido a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas allí a lo largo de los años.

Durante el primer mandato de Barack Obama se firmó una Orden Ejecutiva para el cierre de esta base naval, que debió ocurrir en el 2010, pero nunca se concretó por múltiples tropiezos con el Congreso estadounidense. Hoy, bajo las políticas de seguridad de Donald J. Trump, se advierte un nuevo proceso de deshumanización, en esta ocasión en contra de migrantes indocumentados.

La comunidad internacional debe recordar a los EE.UU. la existencia de límites jurídicos que tienen todos los procesos de deportación y que las políticas migratorias deben ceñirse a estándares internacionales de derechos humanos, caso contrario, una vez más, se abrirán las puertas de la barbarie, bajo la excusa del combate a la “ilegalidad” y el crimen organizado.