¿Se imaginan vivir con menos de 92 dólares al mes? ¿Es posible hacer ese ejercicio de imaginación? Pues es totalmente viable porque casi 500.000 ecuatorianos pasaron, de junio a diciembre del 2024, a ser pobres por ingresos, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

A esta pésima noticia se suma otra mala: la pobreza extrema, en el mismo período, pasó del 10,6% al 12,7%. Pero aún hay otra peor: en el Ecuador rural, donde viven unos 6,5 millones de personas, la pobreza sumada con la pobreza extrema llegó al brutal 70%.

Increíble, pero ese es el Ecuador de inicios del 2025. Uno en el que resulta muy difícil mantener una razonable calidad de vida porque los ingresos de las familias son cada día menores. Esto sin mencionar la alarmante falta de empleo adecuado y la espeluznante inseguridad.

Si analizamos bien el nuevo reporte social del INEC, a diciembre del 2024, lo que más sorprende son dos aspectos esenciales: las abismales diferencias de ingresos entre el país urbano y rural y la gravísima situación del agro nacional.

Según el INEC, la pobreza urbana hoy es del 21% y la rural del 43,3%, más del doble. Y la pobreza extrema urbana es del 6% y la rural, 27%; casi 5 veces más.

Primera gran conclusión: el verdadero problema social del Ecuador está en la ruralidad donde se asientan las actividades agrícolas.

Segunda gran conclusión: el sector rural vive tal abandono que ya parece un territorio prohibitivo para existir.

El estado, sin duda, comete el increíble error de planificar el desarrollo nacional desde el “urbanocentrismo”. No hay equilibrios, ni conciencia.

Ante esta realidad en cifras (que es la peor desde el 2021, cuando la nación se recuperaba del impacto del Covid) la discusión no es quién ganará en las elecciones del próximo domingo 9 de febrero, sino reconocer unánimemente que el Ecuador tiene un mandato impostergable, sin camiseta partidista, que es invertir en las personas desde el estado.

El próximo gobierno, gane quien gane en las urnas, requiere incrementar el gasto social para mejorar la calidad de vida, primero, de los 7,4 millones de ecuatorianos que viven en la pobreza y pobreza extrema.

Esto implica, obviamente, mejorar todos los servicios públicos, como la salud, educación e inclusión económica y social.

Si el estado ignora todas estas alarmas sociales, ya encendidas desde varios años, está hipotecando la paz social, la gobernabilidad y la estabilidad democrática. Es urgente actuar ya y con decisión.

¿Qué sentido tiene para el Ecuador tener un gobierno, que no ciuda de sus ciudadanos?