La conducción de la seguridad integral y dentro de ella la defensa para el nuevo gobierno no será fácil. La orientación operativa derivada de las amenazas a la seguridad, consagradas en el controvertido Decreto 111 han jugado una mala pasada en los resultados positivos obtenidos en incautaciones de drogas y armamento, detenciones y baja en los indicadores de muertes violentas. La poca precisión en la concepción de las amenazas impide la aplicación de los principios del uso de la fuerza de proporcionalidad, precaución, necesidad, para proteger la vida y la integridad. La coexistencia de múltiples actores criminales en territorios específicos con sus particularidades socio- temporales y composición demográfica y cultural, como “campos de juego de poder” desafían a las Fuerzas Armadas por:

• La inexistencia de un aparato de inteligencia criminal integral que sirva de apoyo al planeamiento de las operaciones, con información de alto valor agregado, anticipada y de alerta temprana que establezca cartografías y patrones de comportamiento y movimiento de las diversas estructuras criminales que operan en el país (unas como grupos mafiosos o microcarteles asociados a los carteles transnacionales, otros como bandas criminales locales, otros como actores prestadores de servicios especialmente en los mercados del sicariato, extorsiones, vacunas, secuestros; otros actores penetrados en el Estado y vinculados con la crimen organizado- de cuello blanco y azul-; otros como pandillas y, finalmente, actores de mafias internacionales;
• La inexistencia de una Política de Defensa clara para el empleo de los medios militares en operaciones especiales (contra GAOS y GIA). No existe un marco normativo ni doctrinario a nivel de la conducción político- estratégico de la Defensa que respalde y facilite la elaboración de grandes líneas estratégicas para el despliegue militar por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el territorio para el cumplimiento de las nuevas misiones establecidas en el Decreto 111; tampoco se han evidenciado de manera clara los mecanismos de coordinación entre instituciones y unidades concretas participantes, sobre todo ante situaciones imprevistas y disruptivas para lograr la anticipación estratégica necesaria; mucho menos se han establecido los mecanismos de evaluación permanentes para el seguimiento de las estructuras criminales, que ayuden a establecer patrones o lógicas de comportamiento, que permitan neutralizar preventivamente acciones de violencia en un marco de respeto a los Derechos Humanos;
• La planificación y diseño de operaciones coordinadas con la Policía Nacional debería constar en la Política de Defensa, como grandes líneas estratégicas, pero a su vez insinuarse criterios también de carácter técnico y no solo políticos para el accionar de la Fuerza Pública. Todo esto para identificar el entramado de actores (criminales en distintos niveles y acciones, pobladores, otros grupos de la sociedad civil) y su articulación y alianzas ad hoc, sus niveles de atomización, sus capacidades, sus formas de despliegue, el manejo de narrativas, entre otras, y además coordinaciones y acciones efectivas el ámbito judicial, lastimosamente corrupto;
• La conducción estratégica militar no tiene establecido un norte claro, porque los objetivos nacionales e intereses estratégicos del Estado, que deberían convertirse en objetivos están difusos en medio de otras problemáticas que transversalizan la seguridad. Han detonado nuevos fenómenos criminales en los territorios de Frontera Norte y Sur con nuevas redes delictivas y criminales – los Comandos de Frontera, El tren de Aragua, Los Pulpos, los Trujillanos (narco minería, trata de personas, trata de migrantes, sofisticación del tráfico de armas, extorsión). Esto provoca un grave escalamiento de la violencia e inseguridad;
• La débil institucionalidad del sector seguridad, dentro de cuyo espectro está la defensa, ha mostrado que la combinación concurrente y simultánea de actores criminales, bandas, pandillas, delincuentes, terroristas que golpean en diversas partes del territorio y se desplazan según sus necesidades e intereses, determinando su agenda setting criminal tanto a militares como a policías. Esto porque para las Fuerzas Armadas no es posible determinar con precisión- a pesar de las actividades de inteligencia- sus movimientos y dinámicas. Si bien han logrado disminuir indicadores y cifras de violencia, no son suficientes por el crecimiento exponencial de las zonas de gobernanzas criminales y soberanías territoriales.

Estos son algunos de las cuestiones que deberían reflexionarse a la hora de diseñar una Política Pública en Defensa, con un concepto estratégico rector que permita lograr claridad qué tipo de cursos de acción son los más apropiados para los nuevos teatros operacionales, sea por escenarios (amenazas) o por capacidades (recursos).