La Corte Provincial del Guayas desestimó la apelación presentada por el exvicepresidente Jorge Glas, quien buscaba revertir la decisión de la jueza Marcela Ortega. Ortega había inadmitido su acción de protección contra el presidente Daniel Noboa y la canciller Gabriela Sommerfeld, tras la negativa del Gobierno de concederle un salvoconducto para salir del país con asilo en México.

La acción de protección fue interpuesta luego de que Ecuador negara la solicitud de salvoconducto presentada por México en agosto de 2023. Sin embargo, Ortega argumentó que no tenía competencia territorial para tramitar el caso, ya que la afectación alegada por Glas ocurrió en Quito, donde estaba asilado, y no en Guayaquil.

Los abogados de Glas apelaron la decisión de Ortega, alegando que el Gobierno vulneró sus derechos constitucionales al negarle el salvoconducto. Sostuvieron que el presidente Noboa, como responsable de la política exterior, omitió emitir la autorización correspondiente, afectando la situación legal de Glas en Ecuador.

El tribunal, integrado por los jueces Ricardo Ramos, Carmen Vásquez y Leonardo Rosillo, resolvió por unanimidad rechazar la apelación. En su análisis, destacaron que la Corte Constitucional ha establecido que una acción de protección solo puede ser tramitada fuera del domicilio del accionante en casos excepcionales, como cuando están en riesgo derechos fundamentales como la vida, la educación o el trabajo. Determinaron que este no era el caso, por lo que ratificaron el fallo de Ortega.

Situación legal y restricciones internacionales

Con esta resolución, se confirma que la supuesta vulneración de derechos de Glas ocurrió en Quito, y no en Guayaquil, lo que refuerza la negativa del salvoconducto. Glas continúa recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, cumpliendo una pena unificada de ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos. Además, enfrenta una orden de prisión preventiva dentro del caso Reconstrucción de Manabí, donde es investigado por presunto peculado junto a otras ocho personas.

A nivel internacional, el Departamento de Estado de EE.UU. prohibió en octubre de 2024 el ingreso de Glas y del expresidente Rafael Correa a su territorio, argumentando su implicación en casos de corrupción. La medida también afecta a sus familiares directos.